Una amplia mayoría no está de acuerdo en que no se pueda escoger quién administre su cotización del 7%
Una nueva encuesta revela que la mayoría de los chilenos no está de acuerdo con que el Estado administre las cotizaciones de salud de la población y prefiere un sistema mixto que le permita elegir en dónde atender sus afecciones.
El Instituto de Salud Pública de la Universidad Andrés Bello, en conjunto con Ipsos, elaboró una nueva versión de la Encuesta Nacional de Salud, centrada en la opinión sobre los cambios constitucionales en salud; los resultados arrojaron que 69% prefiere elegir quién administre su cotización y que 88% teme no tener atención oportuna en caso de que se apruebe la nueva Constitución.
De acuerdo con el sondeo, ante la pregunta ‘¿Cómo cree que será el sistema de salud con la nueva Constitución?’, solo un 17% cree que mejoraría, un 23% cree que empeoraría y un 38% dice que va a depender de cómo se implementen las leyes.
Encuesta Nacional de Salud UNAB: Mayoría (54%) está de acuerdo con un sistema único de salud, pero 69% prefiere elegir quien administre su cotización pic.twitter.com/Qjumhkq0fg
— El Monitor Chile (@elmonitorchile) August 8, 2022
En tanto, cuando se consulta respecto de que toda la población forme parte de un sistema universal de salud, tal como lo plantea la propuesta de Carta Magna, el 54% dice estar ‘muy de acuerdo’ o ‘de acuerdo’. Sin embargo, una realidad muy diferente se observa cuando se consulta qué tan de acuerdo se está con que en este sistema universal no se pueda elegir quién administre la cotización, es decir, que exista un único ente público administrador, como plantea la propuesta. Aquí, apenas el 27% dice estar ‘muy de acuerdo’ o ‘de acuerdo’, mientras que el 69% señala estar ‘muy en desacuerdo’ o ‘en desacuerdo’.
Héctor Sánchez, director del Instituto de Salud Pública de la U. Andrés Bello, destaca que «la gente está de acuerdo en que en Chile tengamos un sistema de salud universal. Sin embargo, una amplia mayoría no está de acuerdo en que no se pueda escoger quién administre su cotización del 7%. Es decir, se está de acuerdo en instalar un sistema de salud universal, pero no me obliguen a que yo tenga que cotizar el 7% donde el gobierno me diga».
Algo similar se observa cuando se consulta sobre el tipo de prestadores que preferirían que conformaran el sistema de salud. Mientras el 12% asegura que prefiere un sistema únicamente con prestadores públicos, el 68% dice preferir una atención mixta, manteniendo así la posibilidad de atenderse en centros privados.
El análisis también abordó cuáles son las inquietudes que genera la propuesta en materia de salud. Destaca que el 88% dice estar muy preocupado ante la posibilidad de no tener atención oportuna en enfermedades catastróficas, el 87% dice también que teme que se haga una mala administración de la cotización por parte del Estado, a lo que se suma que el 87% también señala que le preocupa ser tratado de manera poco digna en los consultorios y hospitales públicos. Por último, el 85% advierte que le preocupa que la calidad de la salud a la que accederá sea inferior a la actual.
Más temores
Especialistas en el sector Salud aseguran que al unificar el sistema, las listas de espera para atender enfermedades serían tan extensas que estarían en riesgo la salud de pacientes que ameritan atención de manera inmediata.
Luis Castillo, jefe de la Unidad de Paciente Crítico del Hospital Barros Luco, dijo a La Tercera que se inclina por el Rechazo debido a que el sistema de salud privado que atiende a gran parte de la población queda excluido.
Castillo dijo que será «imposible» que un sistema público sea capaz de absorber las necesidades de toda la población.
«El sistema público tal como está no podría absorber toda la demanda que tiene. El sector privado debe contribuir a la resolución de todos estos aspectos, porque si no, el sector público no podría. La propuesta constitucional no habla de esta regulación entre el sector público y privado, sino que lo deja a materia de ley. Pero es fundamental que el sistema de salud esté integrado para que de una vez por todas puedan ser utilizados ambos de manera tal que se puedan resolver los problemas de salud”, expresó el especialista .
Castillo dijo que de aprobarse la nueva Constitución habrá un impacto en las listas de espera: «Con el sistema así como está propuesto, sin control ni gestión adecuada, lo único que pasaría es que las listas de espera aumentarían», dijo.
El especialista agregó que la nueva Constitución no es clara en relación con la libre elección. Se desconoce si los chilenos podrán elegir y con quién atender sus enfermedades.
«Me preocupa que no esté en la Constitución de forma más limpia algunos aspectos relativos a la libre elección, pues no aparece en ningún lado. En ese sentido, la opinión de las autoridades ha sido disímil. Yo escuchó al director de Fonasa decir, semanas atrás, que la libertad de elección se acababa, luego que se quedó. Entonces, no está claro la libertad de elegir al médico. Hay una serie de elementos en donde no veo claridad y que en la propuesta constitucional no están implícitas», dijo.
A las declaraciones de Castillo se suman las de Javier Fuenzalida, vicepresidente ejecutivo de Clínicas de Chile, quien señaló que es un “error” que el sector privado de salud ha sido excluido en la nueva Constitución presentada por la Convención.
“El sistema público no dar abasto para recibir a toda la población con la calidad y oportunidad que las personas necesitan. Bajo el nuevo sistema que se propone, el sistema público deberá atender a más de 3 millones de personas del actual sistema de isapres, los que se sumarán a los 15 millones de pacientes de Fonasa. Esto podría generar mayores listas de espera”, explicó.
