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Chile: Polémicas normas aprobadas por la Convención generan rechazo y confusión

Si bien la mayoría de la población está de acuerdo con cambiar la Constitución, la redacción del nuevo texto ha enfrentado una serie de polémicas que han debilitado la credibilidad en la Convención

El texto de lo que sería la nueva Constitución chilena entró en su etapa final con polémicas normas y artículos que según constitucionalistas estarían desdibujando la esencia de lo que ha sido Chile en materia política, económica y social. 

En los próximos días se votarán las últimas normas vinculadas con derechos fundamentales, medio ambiente, justicia y sistema político, para que luego la Convención presente el primer borrador constitucional. 

La Convención Constituyente está conformada por 155 miembros, y es la encargada de redactar el nuevo texto; y el próximo 4 de septiembre se realizará un plebiscito de voto obligatorio, para aprobar o rechazar la nueva Constitución. 

Las polémicas que empañan a la Convención 

Si bien la mayoría de la población está de acuerdo con cambiar la Constitución, la redacción del nuevo texto ha enfrentado una serie de polémicas que han debilitado la credibilidad en la Convención, y la confianza sobre si la nueva Carta Magna cumplirá con lo que verdaderamente quieren y necesitan los chilenos. 

“La nueva carta magna «tiene aspectos buenos, pero tiene muchos artículos que hacen que esos artículos buenos se vean en riesgo de no realizarse”, dijo en una entrevista Jorge Correa Sutil, abogado constitucionalista y adherente de Amarillos por Chile. 

Y es que un importante número de artículos que ya han sido aprobados por el pleno y pasaron al borrador, han provocado polémica y empujaron un arduo debate entre representantes y sectores del país como los vinculadas con la plurinacionalidad, territorios autónomos, sistemas de justicia, el aborto o la inexpropiabilidad de los fondos previsionales. 

“El sistema político hará más ingobernable a Chile, el sistema económico no va a generar más incentivos a la inversión, la plurinacionalidad va a generar más división. Estamos frente a un texto, y la ciudadanía lo ha dicho a través de múltiples encuestas, que no nos permite construir un pacto de convivencia, más bien nos divide”, dijo a La Nación Hernán Larraín Matte, del partido de centroderecha Evópoli. 

Adiós al Senado y otras polémicas 

Una de las normas más discutidas tiene que ver con la eliminación del Senado y una nueva estructura del Poder Legislativo, compuesto por el Congreso de Diputados y Diputadas y la Cámara de las Regiones. 

Los incisos sobre autonomía de las regiones tampoco han estado exentos de polémica. Según el borrador, las regiones autónomas, comunas autónomas, autonomías territoriales indígenas y territorios especiales tendrán “personalidad jurídica y patrimonio propio y las potestades y competencias necesarias para gobernarse en atención al interés general de la república”. 

Otro de los artículos que también generó debate es el vinculado con el de “pluralismo jurídico”. La norma permite la creación de tribunales para los pueblos indígenas que coexistirían coordinados en un Sistema Nacional de Justicia. Sin embargo, sus críticos apuntan a que esto generaría un sistema paralelo de justicia que terminaría con el principio de “igualdad ante la ley”. 

El tema económico también se transformó en una fuente de discusión. Desde el ámbito minero, el principal recurso exportador del país, también hubo voces disidentes ante la aprobación de la norma que indica que el Estado tenga “dominio absoluto, exclusivo, inalienable e imprescriptible” de las minas. 

El sector minero considera que aprobar una minería sustentable en el país, no implica “destruir lo que ya existe nacionalizando y generando incertidumbre”. 

 

“Al reafirmarse la propiedad estatal sobre las sustancias minerales, subsiste la incertidumbre respecto a los títulos que habilitarán a los privados a ejercer la actividad”, acusó el presidente ejecutivo del Consejo Minero, Joaquín Villarino. 

Otra polémica se genera por la aprobación de la expropiación y el pago de los bienes a “precios justos”, un término que causa preocupación debido a que no específica cómo se determina y cómo será calculado. 

Asimismo, la inclusión del aborto también provocó una amplia discusión luego de que se sumara un último inciso a una nueva norma que establece que todas las personas son titulares de derechos sexuales y reproductivos, lo que incluye la “interrupción voluntaria del embarazo”. 

Queda esperar a conocer cuáles serán las otras normas a aprobar y cómo se verán reflejadas en el borrador constitucional; pues de no cumplir el texto con las expectativas, los chilenos podrán mostrar su rechazo en el plebiscito en la búsqueda de una Carta Magna que sí convenza a todos los sectores del país.