El presidente de China, Xi Jinping, decidió imponer un mayor control sobre las compañías del sector tecnológico para «prevenir la expansión irracional de capitales» y «abordar su crecimiento salvaje», en el marco de la reunión del Comité Directivo del Partido Comunista Chino.
«La puesta en marcha de todas estas regulaciones antimonopolio es absolutamente necesaria para mejorar la economía de mercado socialista y promover la prosperidad común», agregó el mandatario.
El concepto de la «prosperidad común» se transformó en el nuevo emblema del Gobierno, argumentando que es necesario redistribuir la riqueza en China y fomentar una mayor competencia entre las firmas.
Esto significó un duro golpe para el Grupo Hormiga (el brazo financiero de Alibaba), quien en noviembre de 2020 estaba preparado para su primera venta de acciones en los mercados bursátiles de Hong Kong y Shanghái por un valor de US$34.400 millones, en la que sería la mayor salida a bolsa de la historia.
Pero a último minuto, los reguladores financieros chinos suspendieron la operación por «preocupaciones en torno a la competencia» de mercado.
El resultado fue que las autoridades exigieron una reestructuración del mayor conglomerado empresarial de finanzas y comercio digital de China, y Jack Ma, el símbolo del éxito emprendedor del país, estuvo fuera de la órbita pública durante varios meses.
La inesperada decisión provocó un gran impacto internacional. Pero lo que probablemente pocos imaginaron en aquel momento es que se trataba sólo del inicio de una ofensiva gubernamental para marcarle los límites a los gigantes tecnológicos.
Tras la suspensión de la salida a bolsa del Grupo Hormiga, el Gobierno impulsó una serie de restricciones a otros imperios tecnológicos en áreas tan distintas como comercio electrónico, transporte, tecnofinanzas, videojuegos o empresas de educación online.
El gigante del comercio electrónico Alibaba, que también es parte del imperio fundado por Jack Ma, recibió en abril una sanción por un valor de 2.800 millones de dólares, la mayor multa antimonopolio en la historia del país, luego que una investigación determinara que la firma «abusó de su posición dominante en el mercado».
Otros gigantes que formaron parte de esta nueva ola de restricciones impuestas por el gobierno son: Tencent (conglomerado de internet), Meituan (reparto de comida), Pinduoduo (comercio electrónico), Didi (equivalente a Uber), Full Truck Alliance (aplicación de transporte de carga), Kanzhun (reclutamiento), empresas educativas online como New Oriental Education o TAL Education; y el último caso fue el fabricante de autos eléctricos BYD.
En la llamada cacería a los gigantes tecnológicos convergen, hasta ahora, una ofensiva antimonopolio, una revisión de la seguridad de los datos y otros elementos como el control de la «desordenada expansión del capital», una expresión acuñada por el Gobierno en diciembre del año pasado que básicamente se refiere a restringir «el crecimiento a expensas del interés público».
Algunos analistas ven que la ofensiva de Pekín gira fundamentalmente en torno a la idea de conseguir superioridad tecnológica sobre otros países.
En ese sentido, lo que más le interesaría al Gobierno es incentivar el desarrollo tecnológico en áreas mucho más estratégicas, como computadoras cuánticas, semiconductores y satélites, en vez de los desarrollos de comercio electrónico o las tecnologías focalizadas en servicios para los consumidores.
Otros especialistas creen que la cruzada del Gobierno tiene un fuerte acento puesto en restringir el acceso de inversionistas externos a la información que manejan las compañías chinas.
El Gobierno de China presentó un plan de cinco años que describe una regulación más estricta en gran parte de su economía.
Las nuevas reglas van mucho más allá del sector tecnológico, incluyendo también aspectos como la seguridad nacional y los monopolios comerciales.
De hecho, se supo que China pretende disolver Alipay, la plataforma de pagos en línea propiedad de Ant Group, también de Jack Ma.
El movimiento provocó una caída del 4,22% de las acciones de Alibaba, la propietaria de Ant, en la bolsa de Hong Kong. El Hang Seng, que agrupa a las principales tecnológicas, también perdió un 1,5%.
Los reguladores chinos le ordenaron a Ant que separase sus negocios de préstamos -Huabei, que es similar a una tarjeta de crédito tradicional, y Jiebei, que hace pequeños préstamos sin garantía- del resto de sus ofertas financieras y que incorporase accionistas externos.
Ahora van un paso más allá y quieren que los dos negocios se dividan también en una aplicación independiente. El plan exigiría a Ant que entregase los datos de los usuarios en los que se basan sus decisiones de préstamo a una nueva empresa conjunta de calificación crediticia que sería en parte propiedad del Estado, según dos personas familiarizadas con el proceso.
«El Gobierno cree que el poder de monopolio de las grandes empresas tecnológicas proviene de su control de los datos», dijo una persona cercana a los reguladores financieros de Pekín. Y añadió: «Quiere acabar con eso».
La medida puede frenar el negocio de préstamos de Ant, cuyo enorme crecimiento de Huabei y Jiebei impulsó en parte su salida a bolsa el año pasado. CreditTech, que incluye las dos unidades, superó al principal negocio de procesamiento de pagos de Ant por primera vez en la primera mitad de 2020, para representar el 39% de los ingresos del grupo, que tiene más de 1.000 millones de usuarios.
El tamaño de la unidad, que ayudó a emitir alrededor de una décima parte de los préstamos al consumo no hipotecarios del país el año pasado, sorprendió a los reguladores, preocupados por el riesgo financiero que esto puede suponer.
