Las elecciones del 7 de noviembre en Nicaragua buscan perpetuar en el poder al presidente Daniel Ortega, afirmó la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en un informe que lo acusa de «impunidad estructural» y «crímenes de lesa humanidad», acusación rechazada por el Gobierno, que lo consideró una «absurda recopilación de hechos falsos» que responde a Estados Unidos.
«Los comicios ocurren en un clima de represión y cierre de los espacios democráticos en el país. Con ello se busca la perpetuación en el poder en forma indefinida y mantener privilegios e inmunidades, en un contexto de represión, corrupción, fraude electoral e impunidad estructural», denunció la CIDH, un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA).
«Las condiciones anteriores hacen inviable un proceso electoral íntegro y libre», advirtió la CIDH.
El informe, titulado «Nicaragua: Concentración del poder y debilitamiento del Estado de Derecho», establece que no se implementó «ninguna» de las medidas para promover elecciones libres planteadas por la Asamblea General de la OEA.
El reporte de la CIDH destaca que este año, «de manera insólita», fueron detenidas «arbitrariamente» más de 30 personas, incluidos siete precandidatos a la presidencia, que permanecen privados de libertad.
Asimismo, denuncia la cancelación de las personerías jurídicas de tres partidos políticos, el «continuo hostigamiento» a las organizaciones civiles y de derechos humanos, y el acoso y la represión contra todo opositor.
Nicaragua se transformó en un «Estado policial», donde el gobierno de Ortega, en el poder desde 2007, «tiene instalado un régimen de terror», con suspensión de los derechos fundamentales y un «intenso y sistemático» ataque a las libertades públicas «a través de las instituciones de seguridad estatales y paraestatales».
El informe subraya además que, al responder a las masivas protestas antigubernamentales que estallaron en 2018, el gobierno de Ortega «llevó a cabo conductas que de acuerdo con el derecho internacional deben considerarse crímenes de lesa humanidad».
La represión de las manifestaciones dejó al menos 328 muertos, 1.614 detenidos, de los cuales 136 siguen presos, y más de 103.000 exiliados, según la CIDH.
El organismo dijo que Nicaragua expresó su «no aceptación y rechazo absoluto» del informe, una copia del cual le fue remitida antes de su publicación.
«No es sino una insultante, ofensiva y absurda recopilación de hechos falsos, tergiversados y manipulados que no reflejan la realidad de nuestro país y cuyo único fin es difamar al Estado», aseveró el gobierno de Ortega en su respuesta a la CIDH.
«Una franca obediencia y replica de los designios lesivos e injerencistas del Imperio Norteamericano, en su pretensión de lesionar nuestra soberanía y autodeterminación, de cara a su próximo proceso electoral», agregó.
El informe remonta los orígenes del deterioro institucional de Nicaragua al llamado pacto «Alemán-Ortega» de 1999, sellado entre el entonces mandatario Arnoldo Alemán (1997-2002) y Ortega, quien ya había sido presidente entre 1985 y 1990 tras la revolución sandinista de 1979 que derrotó la dictadura de Atanasio Somoza.
