Sin embargo, el presidente de Colombia, aseguró que su Gobierno no permitirá que su vecino centroamericano limite sus derechos marítimos.
La Corte Internacional de Justicia (CIJ), dictaminó hoy que Colombia debe «cesar inmediatamente» las interferencias en aguas del mar Caribe que ese tribunal reconoce como pertenecientes a la zona económica exclusiva de Nicaragua.
Por 10 votos contra 5 los jueces de la CIJ consideraron que Colombia «ha violado los derechos soberanos y jurisdiccionales de Nicaragua», y por 9 votos contra 6 señalaron que Colombia «debe cesar inmediatamente esa conducta», reportó la agencia de noticias AFP.
«Mi Gobierno, hasta el próximo 7 de agosto (fecha en que culmina su mandato), continuará en la tarea superior de evitar que Nicaragua limite o pretenda limitar los derechos de Colombia», sostuvo Duque desde la isla de San Andrés, en un video publicado en su cuenta de Twitter.
El presidente colombiano añadió que es obligación del Gobierno «defender la soberanía del archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina y los Cayos y su población».
Las islas en disputa están ubicadas a casi 500 millas de la costa noroeste de Colombia y cerca de 150 millas de la costa de Nicaragua.
Los dos países, que están separados por Panamá y Costa Rica, reclaman la soberanía de San Andrés y Providencia, islas ubicadas frente a la costa atlántica de Nicaragua, al igual que varios cayos y un área de casi 50.000 kilómetros cuadrados de aguas de pesca.
Esta controversia entre los dos países tiene su origen en una sentencia de la propia CIJ de 2012, que reconoció la soberanía de Colombia sobre el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, en el Caribe, pero admitió la jurisdicción de Nicaragua en las aguas circundantes.
Duque indicó que, según el fallo, la Armada Nacional «podrá continuar haciendo presencia y ejerce el derecho a la libre navegación y sobrevuelo en el área», y aclaró que los límites de la Nación «solo pueden modificarse a través de un tratado ratificado por el Congreso».
«En ningún caso la presencia de la Armada es amenazante como lo pretendió Nicaragua desde el inicio del proceso, dicha petición fue rechazada en el fallo de excepciones preliminares que se presentó en el 2016», explicó el jefe de Estado, informó la agencia de noticias Sputnik.
«La Corte reconoció el derecho de Colombia a navegar libremente en el área para luchar contra los delitos transnacionales y el narcotráfico, desde un comienzo esa fue la posición de la defensa de Colombia y fue lo que la corte reiteró el día de hoy», enfatizó.
La protesta de Nicaragua
En 2013, Nicaragua presentó una queja ante el tribunal alegando que Colombia interfería en actividades pesqueras y científicas en aguas que estaban bajo su jurisdicción, y, desde entonces, el proceso se debatía en La Haya.
Colombia alegó que esto se debía al cumplimiento de sus compromisos en la lucha contra el narcotráfico y en la protección ambiental de las aguas.
Además, la delegación colombiana presentó contrademandas a Nicaragua, incluyendo una por violar los derechos de comunidades que habitan esas islas y que practican pesca artesanal y de subsistencia desde hace siglos en la región.
Esa demanda, sin embargo, no fue admitida por la corte. La CIJ desestimó también una demanda de Nicaragua sobre la alegada emisión de permisos de exploración petrolera por parte de Colombia.
No obstante, señaló en sus considerandos que Colombia sí «ha violado sus obligaciones internacionales» al autorizar actividades de pesca en aguas bajo jurisdicción de Nicaragua.
El presidente colombiano recordó que su país inició conversaciones con Nicaragua desde 2012, con el objetivo de buscar una alternativa no litigiosa y en consonancia con el derecho internacional, pero Managua cerró las puertas al diálogo en 2014.
«Colombia siempre ha estado dispuesta a solucionar las diferencias por las vías pacíficas y diplomáticas en todas estas ocasiones, pero Nicaragua antes y después del fallo del 2012 no ha permitido avance alguno», sentenció Duque.
Historia del conflicto
Tras una disputa legal de años que inició a comienzos del siglo XX, en 2007 la Corte Internacional de Justicia declaró la soberanía de Colombia sobre las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina, que están ubicadas sobre el Mar Caribe. Pero en ese entonces no definió cuál era la frontera marítima entre ambos países.
El proceso siguió y en 2012 La Haya le otorgó a Nicaragua 80.000 kilómetros en el Mar Caribe, y posterior a eso Colombia dijo que no reconocería este fallo.
Nicaragua entonces solicitó a la Corte que interviniera para obligar a Colombia que acatara la sentencia de 2012 y también para que extendiera la plataforma continental en más de 200 millas náuticas.
«Nicaragua solicitó a la Corte que determine la ‘frontera marítima única’ entre las áreas de la plataforma continental y las zonas económicas exclusivas correspondientes a Nicaragua y Colombia, respectivamente, en forma de una línea media entre las costas continentales de los dos Estados», dijo la corte en el fallo de 2012.
De esta manera, la Corte le otorgó a Nicaragua delinear una nueva línea en la plataforma con la que le concedió una plataforma marítima de 200 millas náuticas al país centroamericano.
El entonces presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, respondió que su Gobierno no aceptaba el fallo por considerar que la Corte incurrió en «graves errores» al trazar una nueva delimitación marítima entre este país y Nicaragua.
«En lugar de limitarse a trazar la línea en el área regulada por el tratado Esguerra-Bárcenas, resolvió extender dicha línea al norte y al sur del archipiélago», indicó Santos en alusión al acuerdo firmado entre los dos países en 1928 y que desconoce Nicaragua por considerar que entonces el país centroamericano estaba ocupado militarmente por Estados Unidos.
El mandatario colombiano declaró entonces que La Haya reconoció la soberanía de Colombia sobre todo el archipiélago pero que luego separó los cayos de Serrana, Serranilla, Quitasueño y Bajo Nuevo del resto.
Pero Colombia, según ese momento y hasta ahora, sostuvo que esa línea de frontera que Nicaragua reclamaba «estaba situada en una zona en la cual ese país no poseía ninguna titularidad, ya que las dos costas continentales están situadas a más de 400 millas la una de la otra».
