El Gobierno de Venezuela afirmó hoy que «no existen personas detenidas arbitrariamente» en el país, después de que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (Acnudh) reclamara una «investigación independiente» y la liberación de todos los ciudadanos «en detención arbitraria» tras la muerte en prisión del exgeneral Raúl Baduel.
«Lamentamos profundamente la muerte en detención de Raúl Baduel», dijo la oficina de la ONU que dirige la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet, en su cuenta de Twitter.
El organismo exhortó a Venezuela a que «garantice una investigación independiente, la atención médica para todos los detenidos, que se consideren medidas alternativas a la detención y se liberen aquellos en detención arbitraria».
La cancillería venezolana respondió en un comunicado que «en el país no existen personas detenidas arbitrariamente».
«Todas y cada una de las personas privadas de libertad se encuentran sujetas a procesos penales conducidos por los órganos del sistema de justicia, con todas las garantías para un juicio justo, sobre la base del debido proceso y el legítimo derecho a la defensa», añadió el escrito.
El texto sostuvo que el Gobierno de Venezuela «garantiza a todas las personas privadas el disfrute de sus derechos humanos, incluyendo el derecho a la debida atención médica», y lamentó que el Acnudh «ceda sistemáticamente a las presiones de aquellos sectores que pretenden seguir utilizando el tema de los derechos humanos con fines políticos».
El Gobierno informó que Baduel murió en prisión «de un paro cardiorrespiratorio producto del Covid-19» y detalló que solo había «recibido la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus».
La esposa y la hija de Baduel negaron que el exgeneral haya sufrido Covid-19 y sostuvieron que esa afirmación de las autoridades podía ser una excusa para cremar el cuerpo sin practicarle una autopsia.
La ONG Foro Penal computó en su último balance -publicado la semana pasada- que había en Venezuela «259 presos políticos, entre ellos 133 eran militares, 15 mujeres y un adolescente».
La entidad señaló ayer que con Baduel «ya son 10 los presos políticos que fallecen bajo custodia» y agregó que, aunque «se exige continuamente tratamiento médico» para los presos, «casi nunca hay respuesta adecuada».
Baduel tenía una carrera militar y política ascendente desde que en abril de 2002 comandara la operación que liberó a Hugo Chávez y lo repuso en el gobierno tras el golpe de estado que lo había sacado del cargo por 36 horas.
Fue comandante del Ejército en 2004-06 y luego ministro de Defensa, hasta que en 2007 pasó a retiro y se opuso públicamente al proyecto de reforma constitucional que Chávez impulsó y que terminó derrotado en referendo.
En 2009 fue arrestado, acusado de corrupción, y un año después fue condenado a casi ocho años de prisión. En 2015 salió en libertad condicional, pero en enero de 2017 fue acusado de violarla y encarcelado nuevamente.
Antes de que su condena expirara, dos meses después, fue imputado de nuevos delitos -traición a la patria y rebelión militar, entre otros- y en febrero de 2018 fue degradado y destituido, junto a otros 23 oficiales presos, exiliados o fugados del país, por decreto del presidente Nicolás Maduro.
