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Décadas de censura y persecución a la prensa no deben regresar

«Es un acto de censura darle al gobierno el papel de editor de lo que deben publicar los medios», dijo César Ricaurte, director de Fundamedios.

A un mes de que se lleve a cabo la segunda vuelta electoral, los ecuatorianos tendrán la posibilidad de elegir entre la prensa libre, y la continua censura por parte del correísmo.

Si bien Andrés Araúz, el delfín de Rafael Correa, no se ha mostrado hasta ahora renuente con los medios de comunicación, de llegar a la Presidencia el candidato podría incurrir en los mismos errores del ex presidente como tomar acciones para reformar la Ley de Comunicación y convertirla en un instrumento para acusar y sancionar a los periodistas.

Durante su Presidencia, Correa no mostró aprecio por la prensa, de hecho tal y como actúa el chavismo en Venezuela solo logró acercamientos de quienes eran complacientes; mientras que a los medios críticos les persiguió hasta con la imputación de delitos.

Correa acostumbrara a romper los periódicos en actos públicos si es que no le gustaba un titular, en 2003 aprobó la Ley Orgánica de los Medios y desde entonces no cesaron las denuncias por persecución o intentos de censura.

Desde que la normativa entró en vigor, se dieron cientos de advertencias ante los «abusos» que las autoridades de control de la comunicación cometieron contra los medios.

El periodista Juan Carlos Calderón, por ejemplo, fue multado con un millón de dólares tras publicar su libro “El Gran Hermano”. En él se relataban los supuestos contratos del hermano del presidente con el Estado. “No se nos demandó ni por injurias ni por difamación. Se nos acusó de daño moral o espiritual a Rafael Correa ”, explicó el periodista.

En 2017 la Supercom multó al diario Extra con el 10% de su facturación promedio de un trimestre (153.000 dólares, según el propio medio), por incumplir con la norma que obliga a la difusión del 5% de contenidos interculturales en las ediciones diarias.

Y es que desde 2013 hasta 2017, el Gobierno había emitido 675 sanciones a medios de comunicación locales, lo que le había supuesto una recaudación de multas por unos 754.000 dólares.

Organizaciones que luchan contra la censura y por la libertad de prensa han señalado que ningún gobierno debe multar a los medios de comunicación.

«Es un acto de censura darle al gobierno el papel de editor de lo que deben publicar los medios», dijo César Ricaurte, director de Fundamedios.

Fue en 2017 cuando el candidato Guillermo Lasso aseguró que de ganar la Presidencia acabaría con la ley de comunicaciones que buscó perseguir a la prensa ecuatoriana; de hecho, el mismo Lenín Moreno que está al borde de despedirse del cargo expresó sus reservas sobre la normativa.

Queda esperar qué sucederá con la libertad de expresión en el país de ganar nuevamente el correísmo.