Una nueva denuncia constitucional contra el presidente de Perú, Pedro Castillo, fue presentada hoy por la vicepresidente tercera del Congreso, Patricia Chirinos, esta vez por supuestamente infringir varios artículos de la Constitución con su declaración del estado de emergencia debido a las protestas de los transportistas de la semana pasada.
«El presidente de la República no solo viene infringiendo nuestra Constitución de manera recurrente, sino que también muestra un manejo deplorable de la crisis y la consecuente convulsión social, hecho que se refleja en sus medidas irracionales, innecesarias y desproporcionadas», señala el escrito.
Para Chirinos, la declaración del 5 de abril representa «una flagrante transgresión al orden constitucional» por la que «el presidente deberá rendir cuentas ante el Congreso», según escribió en su cuenta de la red social Twitter.
La parlamentaria, del partido de derecha Avanza País, pidió para Castillo la destitución e inhabilitación para ejercer cargos públicos por 10 años, según detallaron los diarios El Comercio y La República.
El martes último el presidente declaró el estado de emergencia y el toque de queda en Lima y Callao, pero tuvo que derogar la medida 22 horas después por las críticas a esa decisión, rechazada por el alcalde de la capital peruana, Jorge Muñoz.
El Ejecutivo igual declaró el jueves el estado de emergencia en las rutas por 30 días y aprobó la limitación del libre tránsito por las calles del país, y la prohibición de reunión.
De hecho, quedaron «suspendidos los derechos constitucionales relativos a la libertad de tránsito en el territorio nacional, libertad de reunión y libertad y seguridad personales» en las rutas.
Chirinos ya había presentado otra denuncia contra Castillo, en ese caso por supuestas contradicciones del mandatario ante la Fiscalía, cuando declaró por las reuniones que mantuvo con los comandantes generales en retiro de las Fuerzas Armadas, quienes denunciaron presiones para ascensos militares dentro de su institución.
HRW pide revocar los decretos de emergencia
La ONG Human Rights Watch (HRW) denunció en un comunicado que los decretos emitidos por el presidente peruano «suspenden derechos básicos y son medidas desproporcionadas que abren la puerta a abusos».
«Suspender los derechos básicos de las personas y enviar tropas para hacer frente a una huelga y al crimen es peligroso y muy desproporcionado con la situación», sostuvo la directora interina para las Américas de HRW, Tamara Taraciuk Broner.
«Estos decretos no explican los problemas a abordar y por qué se necesitan medidas tan extremas para combatir el crimen o responder a las protestas», agregó.
Y siguió: «Las autoridades peruanas proporcionan una justificación limitada, si la hay, para las medidas de emergencia», enfatizó.
Por último, Taraciuk Broner aseguró: «Sin una justificación clara, las últimas medidas parecen más un intento de detener las protestas antigubernamentales en un momento en que el Gobierno enfrenta enormes dificultades políticas».
«Castillo debe priorizar el fortalecimiento, no el socavamiento del estado de derecho», concluyó.
