Cuba

Detenciones, desapariciones temporales y penas “excesivas” en Cuba

El Gobierno no confirma ni desmiente datos de activistas sobre los juicios a manifestantes del 11 y 12 de julio de 2021.

Las autoridades cubanas no dieron cifras oficiales, pero Justicia 11J, un grupo de trabajo sobre detenciones por motivos pol√≠ticos, en el que se articularon mujeres activistas dentro y fuera de la isla, en colaboraci√≥n con la ONG de asesor√≠a jur√≠dica Cubalex, consigui√≥ un subregistro de 1.377 personas detenidas, de las que a√ļn hoy 727 contin√ļan privadas de libertad, incluidas 70 mujeres y 15 ni√Īos.

Muchas estuvieron varios d√≠as “en desaparici√≥n forzada‚ÄĚ y denunciaron “tortura f√≠sica y psicol√≥gica”.

“Este registro independiente est√° actualizado con informaci√≥n de familiares, peticiones fiscales, sentencias y los escasos reportes iniciales de la prensa estatal”, se√Īal√≥ la abogada Laritza Diversent, directora de Cubalex.

Seg√ļn el documento, m√°s de 360 personas ya fueron juzgadas. Algunos de ellos excarcelados, bajo fianza o en prisi√≥n domiciliaria, tendr√°n que volver a prisi√≥n.

En el mismo mes de julio de 2021, el Estado reconoció la celebración de más de 60 juicios sumarios.

Desde octubre, coincidiendo con la solicitud de autorización para la frustrada marcha del 15 de noviembre (15N), las activistas documentaron más de 90 nuevas detenciones.

Adem√°s, comenzaron a conocerse peticiones fiscales “con sanciones excesivas” para las m√°s de 300 personas que enfrentan ya los primeros juicios ordinarios por participar en las protestas de julio o filmarlas y publicar material en las redes sociales.

M√°s de 160 a√ļn no tienen fecha programada y a casi la mitad se les solicitan penas “desproporcionadas” de m√°s de 10 y hasta 30 a√Īos de c√°rcel, resumi√≥ Diversent.

 

Ensa√Īamiento con las personas m√°s pobres

“Se les acusa de desacato, desorden p√ļblico, incitaci√≥n a delinquir, propagaci√≥n de epidemias, atentado. Pero las peticiones m√°s altas est√°n asociadas al delito de sedici√≥n. Y este solo se ha usado contra manifestantes de barrios espec√≠ficos”, asegur√≥ la activista Salom√© Garc√≠a Bacallao, coordinadora de Justicia 11J, quien agreg√≥ que hay “un evidente ensa√Īamiento con las personas m√°s pobres”.

El ejemplo son los barrios de Toyo, en el habanero municipio de 10 de octubre, La G√ľinera, en Arroyo Naranjo, algunos de los repartos m√°s pobres de la provincia de Holgu√≠n, y en C√°rdenas, cercana al balneario de Varadero, en Matanzas, los delitos imputados a personas involucradas en situaciones de violencia similares son menos graves: “La ley no se aplica por igual”, insisti√≥.

“Como sea, hasta donde han podido documentar tanto Justicia 11J como Cubalex -especialmente gracias a los m√ļltiples videos difundidos en redes sociales-, las situaciones de violencia en que desembocaron algunas de las protestas de julio, incluida la vandalizaci√≥n de tiendas, se produjeron como reacci√≥n a situaciones violentas generadas por el propio Estado”, subray√≥ Bacallao.

 

Evidente discriminación

“Los polic√≠as tambi√©n insultaron a las personas durante las detenciones, las hirieron, las trataron con violencia en los centros de reclusi√≥n. Hemos documentado much√≠simos tratos crueles y degradantes”, asegur√≥ la coordinadora de Justicia 11J.

“Se les ha negado atenci√≥n m√©dica para enfermedades preexistentes o contagiosas, incluso a ni√Īos. Y, cuando se les ha dado, los llevan a hospitales pedi√°tricos, aunque les dan tratamiento penal como adultos y no les permiten a sus familiares estar presentes”, agreg√≥ Bacallao, quien reiter√≥ en m√°s de una ocasi√≥n en que en Cuba “hay ni√Īos presos pol√≠ticos”.

“En la judicializaci√≥n de todos estos casos, estamos viendo una evidente discriminaci√≥n, ya que solamente est√°n siendo enjuiciados por supuestos actos violentos las personas que recibieron la represi√≥n por parte de agentes estatales y paraestatales”, continu√≥.

“El polic√≠a que dispar√≥ a la √ļnica v√≠ctima mortal oficialmente reconocida ni siquiera tiene a√ļn cargos imputados. Y lo mismo vale para los partidarios del Gobierno que respondieron con palos a la orden de combate dada en televisi√≥n por el presidente Miguel D√≠az-Canel, cuando las protestas a√ļn no hab√≠an degenerado en disturbios”, subray√≥.

 

Los juicios ordinarios comenzaron en diciembre de 2021

Los juicios ordinarios comenzaron a desarrollarse en la segunda mitad de diciembre de 2021, aprovechando la distracci√≥n de la sociedad y los medios en la semana de Navidad, “para que los presos sientan que no le importan al mundo”, denunci√≥ Bacallao.

La semana del 10 al 14 de enero de 2022, al menos 66 personas fueron juzgadas en cuatro juicios en cuatro provincias del país. Entre el 17 y 21 de enero, otras 45 personas afrontarán tres juicios en dos provincias.

Se han realizado a puertas cerradas, con operativos policiales que impiden la asistencia a las audiencias de m√°s de un familiar por acusado, de testigos oyentes u otros miembros de la sociedad civil o la opini√≥n p√ļblica.

“No les permiten a los familiares comunicarse ni con los detenidos ni entre ellos”, alert√≥ Bacallao.

A su turno, Diversent denunci√≥ que esta situaci√≥n es “una violaci√≥n de la garant√≠a del debido proceso”.

“La informaci√≥n sobre lo que sucede en los juicios la obtenemos a trav√©s de los familiares, que reportan contradicciones entre los testigos, e incluso un juicio suspendido por falta de evidencias”, revel√≥ la directora de Cubalex.

Adicionalmente, las peticiones fiscales confirman que la mayoría de los testigos que propone la Fiscalía contra los manifestantes son los propios agentes estatales y paraestatales que ejercieron violencia contra los ellos.

“Se persigue un efecto ejemplarizante, que la poblaci√≥n perciba que salir a manifestarse contra las pol√≠ticas gubernamentales es interpretado como un delito contra la seguridad del Estado”, consider√≥ Diversent.