El hecho ocurrió el 7 de julio de 2021 cuando un grupo comando ingresó a la residencia privada del presidente y lo acribilló a balazos.
El exsenador haitiano, John Joel Joseph, fue detenido en Jamaica, informó hoy una fuente policial local, seis meses después de que las autoridades de Haití emitieran una orden de captura por su supuesta implicación en el magnicidio del 7 de julio de 2021 del presidente Jovenel Moïse.
Joseph fue arrestado -junto con tres familiares- en la noche del viernes y actualmente está detenido en una dependencia policial, reveló la fuente, que optó por mantener el anonimato, sin comentar el resto del procedimiento.
Las fuerzas de seguridad de Jamaica estaban coordinadas con sus «socios internacionales» y había «investigaciones conjuntas», agregó la misma fuente.
El presidente haitiano fue asesinado el 7 de julio de 2021 por un comando que ingresó a su residencia privada y lo acribilló a tiros, pero, a pesar de la detención de varios sospechosos, entre ellos 15 colombianos, siguen existiendo muchas interrogantes en torno a su magnicidio.
Ese mismo julio, las autoridades haitianas publicaron una orden de búsqueda para John Joel Joseph, descrito como un individuo «peligroso y armado».
Aunque 44 individuos -varios haitianos, tres haitiano-estadounidenses y los 15 colombianos- acusados de participar en el asesinato de Moïse fueron encarcelados en la prisión de Puerto Príncipe desde el verano, la investigación sobre el magnicidio no parece avanzar, especialmente para determinar quién o quiénes fueron los autores intelectuales.
Estados Unidos también investiga
La Administración de Joe Biden inició una propia investigación por el magnicidio de Moïse y, a principios de este mes, acusó formalmente a un exsoldado colombiano de haber formado parte del grupo de 20 hombres que mataron al mandatario e hirieron gravemente a su esposa en su domicilio.
El Congreso de Estados Unidos ordenó ayer al Departamento de Estado que presente en seis meses un informe con una «descripción detallada» de las circunstancias que rodearon al magnicidio de Moïse, que sumió al país, uno de los más pobres del mundo y el más pobre del continente, en otro torbellino de inestabilidad política y violencia extrema.
El informe, ya autorizado por la Cámara de Representantes, también analizará si hubo alguna interferencia en la investigación oficial y si alguno de los responsables del crimen trabajó en algún momento para el Gobierno estadounidense.
A principios de este mes, la fiscalía acusó al exsoldado colombiano Mario Palacios de conspirar para secuestrar o matar a Moïse en una operación en la que murieron tres mercenarios colombianos y otros fueron detenidos.
Hoy en día persisten los interrogantes sobre el móvil del asesinato de Moïse, quien había prolongado su mandato en medio de gran polémica, ya que la oposición estimaba que su período de gobierno había concluido en febrero.
Según la policía colombiana, los detenidos de esa nacionalidad declararon que tenían previsto secuestrar a Moïse y entregarlo a la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos.
El actual primer ministro de Haití, Ariel Henry, afirmó recientemente que pretende «que triunfe la justicia por el asesinato infame».
Los derechos humanos en Haití
La ley aprobada por el Congreso también exige que el Departamento de Estado informe sobre la situación de los derechos humanos en Haití y el destino que tuvo la ayuda enviada desde Estados Unidos para afrontar el terremoto que devastó al país caribeño en 2010.
«Estamos muy preocupados de que un gobierno haitiano que es tan inestable como corrupto permita o fomente más abusos contra los derechos humanos», expresó hoy el senador demócrata Ben Cardin, uno de los promotores de la ley, en un comunicado.
«Estados Unidos debe actuar con urgencia para ayudar a nuestros vecinos haitianos», añadió el legislador, que precisó que el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) alertó sobre la existencia en Haití de 1,6 millones de personas, incluidos 800.000 niños, que necesitan urgentemente asistencia humanitaria.
La normativa también exige una investigación y presiona para que se rindan cuentas por la masacre en el barrio La Saline de Puerto Príncipe en 2018, en la que murieron decenas de personas.
Sin un Parlamento funcional desde hace dos años, con un Poder Judicial paralizado y azotado por el coronavirus, Haití está inmerso en una crisis que parece no tener fin, y menos solución.
El creciente control de las pandillas sobre el territorio nacional aleja las esperanzas de una mejora en las condiciones de vida de la población, que padece los enfrentamientos entre bandas armadas y es víctima de los secuestros que se cometen a diario como estrategia de financiación.
