El Congreso de Estados Unidos aprobó una nueva ley fiscal impulsada por el presidente Donald Trump que endurece significativamente las políticas migratorias y crea nuevas tarifas para trámites clave como el asilo, el TPS y los permisos de trabajo. La medida, respaldada por la mayoría republicana, será firmada por el mandatario este 4 de julio, Día de la Independencia estadounidense.
Entre los principales cambios, la legislación establece por primera vez un cobro de $100 dólares por solicitar asilo, además de una tarifa de $100 anuales para quienes tengan solicitudes pendientes. El permiso de trabajo costará $550 y tendrá una validez reducida de solo seis meses. También se incrementará a $500 el trámite del Estatus de Protección Temporal (TPS) y apelar una decisión migratoria costará $900, un aumento significativo frente a los $110 anteriores.
Además, se implementará un impuesto del 1 % sobre las remesas enviadas al extranjero, afectando directamente a las comunidades migrantes que dependen de ese dinero para apoyar a sus familias. Solo en 2023, Estados Unidos envió más de $85,800 millones en remesas, según el Banco Mundial.
El plan fiscal también contempla recortes a beneficios sociales, como la exclusión del crédito fiscal por hijos para familias donde uno de los padres no tiene número de seguro social, y limita el acceso a seguros médicos subsidiados incluso para migrantes con estatus legal.
En materia de seguridad fronteriza, se asignan más de $170.000 millones en cuatro años para reforzar agencias migratorias, ampliar centros de detención y contratar a más de 20,000 nuevos agentes de ICE y CBP. También se destinan $46,500 millones a la construcción del muro y $45,000 millones a operaciones de detención y deportación.
Organizaciones de derechos humanos han alertado que esta política podría provocar la detención diaria de hasta 116,000 personas, y la cuadruplicación de la población en centros de detención, generando efectos sociales y económicos graves, incluida la pérdida de más de 6 millones de empleos entre migrantes y ciudadanos, según el Economic Policy Institute.
Críticos de la medida la califican como un ataque directo a la población migrante y advierten sobre el impacto económico negativo de implementar políticas de deportación masiva.
Fuente: La prensa grafica
