Rafael Correa lo soñó y su exministro de Cultura Raúl Vallejo lo ejecutó. Pero cuando cambió de visión buscó a su pupilo Andrés Arauz para que firme contratos inflados de la noche a la mañana en un ministerio que no le correspondía.
La idea original era desarrollar un festival artístico en una ciudad pequeña y de escaso tránsito turístico. Era 2016 y Vallejo se puso al frente de la organización del primer Festival de las Artes Vivas en Loja. El estado gastó algo más de 2 millones de dólares en una cartelera cultural que duró una semana y en el que se presentaron 44 espectáculos de 11 países.
El contrato para la operación logística fue adjudicado a la productora Satré, que había tenido buena química con el correísmo, y se perfilaba como la candidata más fuerte para ganar la licitación de la edición de 2017. El 24 de abril Vallejo lanzó la convocatoria con un presupuesto cercano al $1´375.000 y al día siguiente renunció de manera sorpresiva. Horas después entraba por la puerta el ministro coordinador de Conocimiento y Talento Humano, Andrés Arauz, quien había recibido el encargo de Correa para tomar las riendas del ministerio.
Faltaban apenas 29 días para que concluya el período presidencial y se esperaba que sea una gestión de transición. Pero Arauz llegó con un encargo especial: su primer acto fue dejar sin efecto la convocatoria de Vallejo, y su segunda decisión ejecutiva fue contratar con asignación directa a la empresa organizadora para la segunda y tercera edición. El presupuesto de disparó a $5´600.000 (más IVA) para los dos eventos y para lograr su cometido declaró al festival como “actividad prioritaria” del ministerio de Cultura y se acogió a la figura de “régimen especial” para saltarse los procesos.
El beneficiario de tan sorpresiva decisión fue la empresa Stargroup del grupo EKOS, que publica una revista de negocios y que también supo hacerle un enorme guiño de ojo al correísmo durante una década. Arauz removió al coordinador administrativo y financiero del ministerio, Guido Vinicio Rivadeneira, quien en una carta reproducida por el portal 4Pelagatos agradecía al ahora candidato presidencial por liberarlo de una contratación irregular a favor de Stargroup (EKOS).
El exfuncionario denunciaba que no había una justificación técnica para fijar los valores del contrato de 3´360.000 para el festival de 2017 y 2´912.000 para la edición de 2018. Todo esto se hacía contrarreloj: el 18 de mayo, a menos de una semana para dejar el poder, Correa emitió el decreto ejecutivo 1416, declarando al festival como un “evento artístico prioritario y recurrente, con sede en la ciudad de Loja, y de ejecución anual en el mes de noviembre”. En otras palabras, Correa dispuso antes de irse que el ministerio de Cultura y Patrimonio destine a perpetuidad la mayor parte de sus escuálidos recursos a un programa que, incluso, ha ido declinando en convocatoria y trascendencia.
Obviamente, la Contraloría tuvo reparos en el proceder de Arauz, no solamente por su legalidad sino por su costo. EL 19 de mayo, cinco días antes del cambio de mando, el ministerio firmó el contrato por $5,6 millones más IVA y programó pagos por $3,2 millones que debía hacer el gobierno de Lenin Moreno ese mismo año. La Contraloría concluyó de manera preliminar que durante la gestión del ministro encargado Arauz se hizo una adjudicación a dedo y sin estudios técnico que avalen las necesidades del evento y los valores determinados. El examen especial de la Contraloría estableció que los servidores públicos inobservaron lo establecido en los artículos 2 (numeral 5), 4 y 23 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública.
En el debate presidencial organizado por el Consejo Nacional Electoral, Arauz mostró un papel impreso del sitio de internet de la Contraloría en el que certificaba que no había recibido ninguna sanción, aunque olvidó explicar que el proceso aún no finaliza.
El exministro Vallejo nunca explicó las razones de su abrupta renuncia, pero es un secreto a voces que lo hizo por una imposición de Carondelet para saltarse todos los procesos en beneficio de EKOS. La Contraloría aún no tiene fecha de una resolución final para ratificar si hubo mal uso de los fondos públicos y señalar a los responsables.
