Agentes del Buró Federal de Investigaciones (FBI, por sus siglas en inglés) arrestaron al alcalde de Guaynabo y presidente de la Federación de Alcaldes de Puerto Rico, Ángel Pérez, por conspirar, sobornar y extorsionar, cargos que conllevan un máximo de 5, 10 y 20 años de prisión, respectivamente.
Pérez, quien ocupaba el cargo desde 2017, fue detenido en su hogar, según informaron desde su espacio político, el Partido Nuevo Progresista.
La vicealcaldesa de Guaynabo, Luisa Colom García, admitió -en un comunicado- que la noticia de la detención les «impacta de sobremanera» y recordó que a Pérez «le asiste la presunción de inocencia».
«Esta situación por la que pasa el alcalde y su familia es sumamente dolorosa para todos los que hemos laborado con ahínco en esta administración municipal y para la gente de nuestro pueblo», subrayó.
En tanto, la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente (OPFEI) suspendió a Ángel Pérez, tras los cargos federales que enfrenta por actos de corrupción.
«El plan de reorganización número 1 del 2012 mediante el cual se crea la Unidad de Procesamiento Administrativo disciplinario establece que cuando un alcalde o legislador municipal sea arrestado porque se le imputen cargos penales procede la suspensión sumaria del empleo», sostuvo Nydia Cotto Vives, presidente de la OPFEI.
«Luisa Colom García, vicealcaldesa, tiene que despojar a Pérez de cualquier propiedad municipal entiéndase celulares, vehículos, tarjeta de crédito o cualquier propiedad municipal», agregó.
«También la resolución ordena que se impida el acceso de Pérez a la casa alcaldía o a instalaciones municipales», precisó.
Igualmente, el director de finanzas del ayuntamiento, Edwin Reyes González, deberá certificar a la OPFEI los beneficios económicos que tenía el alcalde.
Cotto Vives explicó que la resolución «estará efectiva hasta que culmine el caso criminal contra Pérez».
El tribunal federal le fijó una fianza de 10.000 dólares «asegurados» a Pérez tras ser arrestado por cargos de corrupción presentados en su contra por un gran jurado federal.
Los cargos de conspirar, de sobornos y extorsión conllevan un máximo de 5, 10 y 20 años de prisión, respectivamente.
Los agentes del FBI también detuvieron en esta jornada por el mismo motivo al vicealcalde de Trujillo Alto, Radamés Benítez.
La Fiscalía federal ofrecerá una conferencia de prensa para dar más detalles sobre estos arrestos, que se suman a otros casos de corrupción pública descubiertos recientemente en Puerto Rico.
La semana pasada Félix «El Cano» Delgado renunció al cargo de alcalde de Cataño y se declaró culpable de participar en un esquema de corrupción por el que recibió pagos en efectivo a cambio de adjudicar contratos a una empresa.
Por último, se revelaron nuevos datos de este caso y la Fiscalía federal en Puerto Rico recomendó una condena de cinco años de cárcel para el contratista gubernamental Oscar Santamaría Torres, por sobornos a Delgado.
