El gobierno de Cuba prohibió una marcha pacífica opositora prevista para el 15 de noviembre por considerar que sus promotores, con vínculos con Washington, quieren impulsar un cambio de régimen, aunque los organizadores ratificaron la convocatoria, tras el rechazo a la decisión de las autoridades por parte de grupos locales y Estados Unidos.
«Los promotores y sus proyecciones públicas, así como los vínculos de algunos con organizaciones subversivas o agencias financiadas por el gobierno estadounidense, tienen la intención manifiesta de promover un cambio de sistema político en Cuba», señaló el Gobierno de la isla en respuesta a un petitorio para realizar esa marcha publicado en el sitio oficial.
«La manifestación anunciada, cuyo esquema organizativo se concibe simultáneo para otros territorios del país, constituye una provocación como parte de la estrategia de cambio del régimen para Cuba», agregó la respuesta, que destacó el carácter «constitucional e irrevocable» del sistema socialista cubano.
La misma respuesta se dio tanto en La Habana como en las otras siete de las 15 provincias de la isla donde se solicitó autorización para una manifestación «contra la violencia y por el cambio».
«El 15 de noviembre nuestra decisión será marchar cívica y pacíficamente por nuestros derechos», respondió en Facebook el grupo de debate político Archipiélago, organizador y convocante de la manifestación.
Archipiélago reúne a jóvenes artistas e intelectuales y agrupó en Facebook a más de 25.000 cubanos opositores al Gobierno.
El dramaturgo Yunior García, líder de Archipiélago y organizador de la protesta en La Habana, sostuvo: «Siempre, cualquier cosa que el cubano haga, van a decir que se le ocurrió a alguien en Washington».
Inicialmente, Archipiélago convocó la marcha para el 20 de noviembre, pero el viernes pasado anunció que la adelantaría para el 15 debido a que el Gobierno decidió la semana pasada declarar la primera fecha como el Día Nacional de la Defensa.
«No podíamos ser irresponsables, nosotros no queremos violencia, no queremos que los cubanos se enfrenten y no podíamos lanzar a los manifestantes a enfrentarse con un ejército en la calle que podía reaccionar de forma violenta», indicó García, que explicó que lo «más sensato era adelantar la marcha».
El antecedente de la marcha está en las inéditas protestas del 11 y el 12 de julio pasado en medio centenar de ciudades cubanas, que dejaron un muerto, decenas de heridos y varios detenidos.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) dijo en un comunicado que la prohibición de la protesta es una «flagrante vulneración» de los derechos humanos y una demostración del «carácter antidemocrático del sistema actual» de gobierno de Miguel Díaz-Canel.
Asimismo, la activista opositora Rosa María Payá reclamó a la Unión Europea (UE) que aplique sanciones al Gobierno y a las máximas autoridades de la isla.
Por otra parte, Estados Unidos exhortó a Cuba a «respetar las libertades y los derechos fundamentales del pueblo cubano», en declaraciones del vocero del Departamento de Estado, Ned Price.
«La violencia que hemos visto (en julio), las detenciones que hemos visto, la represión que hemos visto, ahora la prohibición a la protesta pacífica que hemos visto, todo esto nos recuerda que el pueblo cubano está pagando muy caro su lucha por la libertad», sentenció el funcionario.
