Tras meses de llamamientos públicos a las personas indecisas o reacias a recibir sus vacunas, el mandatario estadounidense aumentó la presión en septiembre. «Hemos sido pacientes, pero nuestra paciencia se está agotando», enfatizó en ese momento.
El presidente demócrata hizo que las vacunas anticovid fueran obligatorias en las empresas que emplean a 100 trabajadores o más, así como para los trabajadores de la salud en las instalaciones que reciben fondos federales.
Las empresas con 100 empleados o más representan aproximadamente dos tercios de la fuerza laboral del sector privado, lo que equivale a unos 80 millones de personas, mientras que la obligación de vacunación de los trabajadores de la salud afecta a aproximadamente a otros 10 millones.
Los empleados no vacunados tendrían que presentar pruebas negativas semanales y usar mascarillas en el trabajo.
La Administración de Salud y Seguridad Ocupacional (OSHA) dio plazo hasta el 9 de febrero a las empresas para cumplir con las reglas o enfrentar la posibilidad de multas.
La obligación de vacunarse fue cuestionada de inmediato por algunos legisladores republicanos y propietarios de empresas como una violación de los derechos individuales y un abuso de poder de parte del Gobierno.
Se produjo una oleada de demandas y el máximo tribunal estadounidense, de mayoría conservadora, celebra una audiencia especial para decidir si los mandatos pueden implementarse mientras se tramitan las demandas legales.
Se espera que la decisión se conozca en unas pocas semanas
En un escrito presentado al Tribunal en nombre del Gobierno, la fiscal general, Elizabeth Prelogar, señaló que las medidas eran necesarias «frente a la pandemia más mortífera en la historia de la nación».
«Los trabajadores se enferman gravemente y mueren porque están expuestos al virus», declaró Prelogar.
Además, aseguró que la obligación de vacunarse salvará la vida de más de 6.500 trabajadores y evitará más de 250.000 hospitalizaciones en seis meses.
Sin embargo, un grupo de 26 asociaciones empresariales consideró que la imposición de la vacunación «infligirá un daño irreparable a cientos de miles de empresas».
Los estados gobernados por republicanos, encabezados por Misuri, afirmaron que obligar a los trabajadores de la salud a vacunarse «amenaza con crear una crisis en las instalaciones de atención médica en las zonas rurales de Estados Unidos».
«Se estaría obligando a millones de trabajadores a elegir entre perder sus puestos de trabajo o cumplir con un mandato federal ilegal», argumentaron.
El Gobierno respondió que el número de personas que dejaron sus trabajos ante la obligación de vacunarse fue realmente muy bajo.
En un sistema hospitalario en Houston, Texas, por ejemplo, solo 153 de los 26.000 empleados se fueron para evitar cumplir con el mandato.
Varias grandes corporaciones estadounidenses, incluido el gigante de la carne Tyson Foods y la aerolínea United Airlines, impusieron mandatos de vacunación en septiembre sin sufrir grandes alteraciones.
El Tribunal Supremo
El TS está integrado por seis magistrados conservadores y tres liberales. Todos ellos están vacunados y recibieron dosis de refuerzo, según el propio organismo.
El tribunal confirmó anteriormente la obligación de vacunación impuesta a los estudiantes universitarios y trabajadores de la salud por las autoridades locales, pero también frenó decisiones federales relacionadas con la pandemia, anulando por ejemplo una moratoria a los desalojos de viviendas.
Si la corte bloquea la decisión del Gobierno de imponer la vacunación, sería un gran golpe para Biden, quien hizo del control de la pandemia una de sus prioridades y está luchando contra un aumento de los casos debido a la variante ómicron.
La vacunación se convirtió en un tema de polarización política en Estados Unidos, donde poco más del 60% de la población está vacunada.
El país registró desde el comienzo de la pandemia 61.584.415 casos de coronavirus y más de 837.911 muertes.
