El Salvador retrasó la fecha de lanzamiento de los llamados «bonos volcán», que fueron presentados el 20 de marzo, según el ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, en un momento en que el país atraviesa una crisis tanto a nivel político como económico.
En su intervención del viernes en un programa de televisión local, Zelaya anunció que el lanzamiento de los llamados «bonos volcán» tendrá lugar entre el 15 y el 20 de marzo, las mismas fechas declaradas en su anterior aparición televisiva en febrero.
El proyecto de una «ciudad Bitcoin» con forma de moneda en la base del volcán Conchagua fue presentado por el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, en noviembre de 2021.
En la visión de Bukele, la construcción de esta nueva ciudad con las operaciones de minería de criptomonedas y los impuestos mínimos se financiaría con la emisión de 1.000 millones de dólares en bonos.
Estos bonos, que desde entonces se hicieron famosos como «bonos Bitcoin» o «bonos volcán», deben durar 10 años y pagar un interés anual del 6,5% a sus titulares.
En diciembre de 2021, Samson Mow, director de estrategia de Blockstream, socio de El Salvador en el lanzamiento de los bonos, reveló que la plataforma ya había recibido «compromisos blandos» por valor de 300 millones de dólares, en su mayoría de «ballenas de Bitfinex».
Respondiendo a la petición de Cointelegraph en febrero, Fernando Nikolic, director de marketing de Blockstream, aseguró que la empresa haría un anuncio al respecto en el primer trimestre de 2022.
Pero como informó el Financial Times , la legislación necesaria para lanzar la venta de bonos aún no pasó por el parlamento salvadoreño.
Cointelegraph envió la solicitud de prensa a la administración presidencial de El Salvador. Tal y como se publicó Nikolic a Cointelegraph, Blockstream desconoce las nuevas fechas del lanzamiento porque no está trabajando directamente con El Salvador para ofrecer el EBB1.
«El EBB1 simplemente se emitirá en la red Liquid, que es operada por miembros distribuidos geográficamente en todo el mundo. Blockstream solo sirve como proveedor de tecnología. Así que cuando estén listos podrán emitir el bono en Liquid de la misma manera que cualquier otro» , explicaron desde la empresa.
Mientras tanto, el país vecino de El Salvador, Honduras, podría seguir su ejemplo y convertirse en la segunda nación del mundo en aceptar oficialmente bitcoin (BTC) como moneda de curso legal.
Según algunas fuentes, esto se debe a que la flamante presidenta hondureña, Xiomara Castro, afirmó que El Salvador «no debería ser el único país que huye de la hegemonía del dólar».
Pocas empresas en El Salvador usan bitcoin
Una encuesta realizada por la Cámara de Comercio de El Salvador reveló que la gran mayoría de las empresas de su país no utilizan el bitcoin como moneda de pago en sus negocios.
Solo el 14% de los encuestados reconoció haber realizado transacciones en bitcoin desde septiembre, cuando el país se convirtió en el primero del mundo en reconocer el token digital como moneda de curso legal.
Más del 90% de las 337 empresas encuestadas entre el 15 de enero y el 9 de febrero sostuvieron que la adopción del bitcoin en el país había tenido poco o ningún impacto en sus ventas.
De las compañías consultadas, el 71% fueron clasificadas como micro o pequeñas empresas, el 13% como medianas empresas y el 16% como grandes, según la encuesta.
A pesar de esto, el Gobierno de Nayib Bukele sigue adelante con los planes de emitir en los próximos días lo que serían los primeros bonos en bitcoin respaldados por el Estado.
El conflicto de los buses urbanos o «busetas»
Desde la semana pasada Bukele detuvo a Catalino Miranda, un controvertido líder transportista que horas antes había estado en una reunión con otros colegas de su gremio, le decomisó los vehículos y puso al ejército a manejar los buses o «busetas», en respuesta al aumento de las tarifas.
Eso refleja el delicado momento sociopolítico que vive el país. El Gobierno anunció la suspensión temporal -por tres meses- de un impuesto aplicado al cobro de hidrocarburos, de US$ 0.16 por galón, lo cual generó US$ 3.84 millones al mes, con lo que el Estado añadirá, en 90 días, US$ 11.52 millones al hueco fiscal de US$ 1.4 mil millones que ahora tiene.
También se suspenderá otro impuesto a las gasolinas, de US$0.10 por galón, que se usaba para financiar millonarios subsidios que el Estado da a los transportistas del servicio público desde hace décadas.
En El Salvador, el Estado es dueño de las líneas y rutas de transporte público, las cuales concesiona a privados para su operación diaria.
Bukele le dijo a su ministro de Hacienda, Alejandro Zelaya, que debía encontrar otras formas de pagar ese subsidio al transporte público, que obliga a los transportistas a mantener fijos los precios del pasaje.
Tras su alocución televisada y el anuncio de las medidas, Bukele advirtió en su cuenta de Twitter que el gobierno iría tras los transportistas que aumentaran el pasaje. «No jueguen con fuego», les advirtió.
A partir del 11 de marzo, agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) desplegados en las calles de San Salvador empezaron a poner multas a las «busetas» que aumentaron el precio del pasaje y al día siguiente personal de la PNC capturó a Catalino Miranda y le confiscó unos 300 vehículos a Acostes de RL, la asociación de transporte público que preside.
Durante los primeros días de la semana que siguió al anunciado presidencial, a la captura de Miranda ya la confiscación de las «busetas», El Salvador sufrió una escena inédita: militares al volante.
Bukele y sus voceros justificaron los decomisos con la aplicación de los artículos 110 y 112 de la Constitución, que facultan al Estado a retomar los servicios públicos que concesionaron, como el transporte, pero no sin que se agote antes un proceso administrativo.
Las medidas temporales para hacer frente a la inflación ya los altos precios del combustible, que Bukele anunció luego de su diatriba prorrusa en televisión nacional y que desembocaron en caos en las paradas de buses de San Salvador, abrieron la discusión a otro frente: la reforma del sistema de pensiones, por ahora en manos privadas, para nacionalizarlas.
