La educación es un derecho humano, una dimensión central de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y es clave para lograr la plena inclusión social y laboral de la población, contribuyendo al crecimiento económico, la igualdad y la participación en la sociedad.
Mayores niveles de educación están asociados a la reducción de la pobreza y la desigualdad, la mejoría de indicadores de salud, las posibilidades de acceso a un trabajo decente, la movilidad social ascendente y la ampliación de la posibilidad de ejercicio de la ciudadanía.
«La pandemia del Covid-19 abrió una oportunidad para repensar y reestructurar los sistemas educativos de América Latina y el Caribe y enfrentar la `crisis silenciosa` y profunda que vive el sector, de manera de evitar una catástrofe generacional», coincidieron especialistas de la educación.
Por su parte, Alicia Bárcena, secretaria ejecutiva de la CEPAL, sostuvo: «Urge promover el regreso gradual y seguro a las escuelas, con una amplia coordinación con el sector salud. Volver a las escuelas es muy importante, especialmente, para los sectores más desfavorecidos. Las escuelas cumplen un rol de protección y monitoreo que va mucho más allá de los propósitos académicos, como sociabilidad y prevención de la violencia y salud».
«La discontinuidad de los estudios o la imposibilidad de acceder al mismo tipo de continuidad por la vía virtual, sumado a la crisis económica que afecta los ingresos de los hogares, amenazan con incrementar el riesgo de abandono escolar y de trabajo infantil, lo que generará retrasos en los procesos de aprendizaje, profundizando las brechas existentes y generando lo que hemos llamado una crisis silenciosa», agregó.
En tal sentido, Jean Gough, directora regional de UNICEF/LACRO, señaló: «Hoy, 20 meses después del inicio de la pandemia, el cierre total o parcial de las escuelas sigue afectando a 2 de cada 3 niños, niñas y adolescentes en América Latina y el Caribe. Eso significa que un total de 86 millones de estudiantes siguen fuera de las aulas», advirtió.
«Estamos frente a la peor crisis educativa de la historia de América Latina y el Caribe. El costo es abrumador para los niños, niñas y adolescentes y para la productividad futura de los países», subrayó.
En tanto, Claudia Uribe, directora regional de OREALC/UNESCO, manifestó: «Estamos convencidos del rol central que tiene y que debe ocupar la educación en las estrategias de recuperación de los países para lograr superar la crisis económica y social derivada de la emergencia sanitaria del Covid-19, y también para establecer los cimientos para una transformación de las personas y de la sociedad hacia esquemas de desarrollo más equitativos y sostenibles en nuestra región”.
Se estima que 3,1 millones de jóvenes, niñas y niños podrían abandonar la educación en la región por la crisis, y que más de 300.000 niñas, niños y adolescentes se podrían ver obligados a trabajar. También se prevé un aumento de la doble carga de malnutrición (desnutrición y sobrepeso) en la infancia, así como efectos negativos en la salud mental.
Según cifras de la CEPAL, cerca de la mitad de las niñas, niños y adolescentes viven en pobreza en América Latina (51,3% en 2020), lo que equivale a 91 millones de personas. De igual forma, estimaciones previas a la pandemia calculaban una prevalencia del 55% de agresión física y 48% de agresión psicológica en la crianza en la región.
