El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, firmó la Ley de Fortalecimiento de la Adhesión de Nicaragua a las Condiciones para la Reforma Electoral de 2021 (más conocida como Renacer, por su sigla en inglés), que habilita a su administración a disponer nuevas sanciones contra el Gobierno de Daniel Ortega, quien el domingo pasado fue reelecto para un quinto mandato, el cuarto consecutivo.
La norma permite establecer -en coordinación con Canadá, la Unión Europea (UE) y países latinoamericanos y caribeños- nuevas sanciones a personas a las que Washington considere involucradas en violaciones de derechos humanos y obstrucción a la realización de elecciones libres.
Entre otras medidas, el instrumento habilita al Ejecutivo estadounidense a «restringir los préstamos bancarios multilaterales» y revisar la participación de Nicaragua en el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y la República Dominicana (Cafta-DR, en inglés).
También suma a Nicaragua a la lista de países centroamericanos sujetos a restricciones de visa por corrupción, y requiere más informes de inteligencia sobre las actividades del Gobierno de Rusia en el país centroamericano, incluyendo reportes sobre las ventas militares de Moscú a Managua.
El mismo domingo, Biden -mediante un comunicado- calificó a las elecciones en Nicaragua como una «pantomima, ni libres ni justas, y sin duda no democráticas», y advirtió que la Casa Blanca utilizaría «todas las herramientas diplomáticas y económicas» a su alcance para «responsabilizar al gobierno de Ortega y a quienes facilitan sus abusos».
Por otra parte, 40 excancilleres de 14 países latinoamericanos resolvieron «desconocer y condenar el proceso electoral fraudulento diseñado por el régimen autocrático de Daniel Ortega» y sostuvieron que la Organización de Estados Americanos (OEA) «no puede reconocer este resultado electoral ni a las autoridades que surgen de esa votación amañada».
Los exministros reclamaron al Gobierno de Nicaragua «la liberación inmediata de los 150 presos políticos», así como «la plena vigencia de los derechos humanos, el cese de la represión y las detenciones arbitrarias, el respeto al estado de derecho y una salida pacífica a la crisis política del país».
Lo hicieron a través de un comunicado divulgado por el Instituto Internacional para la Democracia y la Asistencia Electoral (IDEA, en inglés), firmado por los argentinos Carlos Ruckauf, Adalberto Rodríguez Giavarini, Susana Malcorra y Jorge Faurie.
También lo suscribieron, entre otros, el boliviano Ronald McLean, el brasileño Celso Lafer, los chilenos Soledad Alvear y José Miguel Insulza, las colombianas María Ángela Holguín y María Emma Mejía, el mexicano Jorge Castañeda, los peruanos Eda Rivas y Diego García Sayán, y el uruguayo Didier Opertti.
Ortega, un exguerrillero sandinista de 75 años y que retornó al poder en 2007 tras coordinar una Junta de Gobierno de 1979 a 1984 y presidir por primera vez el país de 1985 a 1990, estará acompañado -en este quinto mandato- por su esposa, la vicepresidente Rosario Murillo.
El domingo fue reelecto con el 75,87% de los votos y con un 65,96% de participación de los ciudadanos empadronados, según el último informe del Consejo Supremo Electoral (CSE), en los comicios en los que compitió con otros cinco candidatos prácticamente desconocidos, después de que su gobierno encarcelara a siete precandidatos opositores.
