El ministro de Gobernación de El Salvador, Juan Carlos Bidegain, presentó el pasado martes 9 de noviembre al Congreso una propuesta de Ley de Agentes Extranjeros, que ha sido calificada por sus detractores como un elemento para «amordazar a las voces críticas e independientes».
Bidegain, quien lo hizo por orden del presidente Nayib Bukele, señaló que la ley «tiene el objetivo de establecer un régimen jurídico aplicable a las personas naturales o jurídicas, nacionales o extranjeras, cuyas actividades dentro de El Salvador respondan a intereses o sean financiadas directa o indirectamente por un extranjero».
«La transparencia en estas operaciones combatirá la corrupción, al impedir que financistas con intereses políticos encubran bajo el término de ‘donación’ el dinero destinado a organizaciones fachada que no benefician a la población, sino a un pequeño sector», agregó.
La propuesta de ley establece un impuesto adicional del 40% a otras obligaciones fiscales para cada transacción financiera que las organizaciones y medios reciban del extranjero, lo que complicaría la operación y existencia de muchas de ellas.
En tal sentido, el diputado y jefe del grupo legislativo del oficialista Nuevas Ideas (NI), Christian Guevara, señaló directamente a organizaciones como la Fundación Nacional para el Desarrollo (FUNDE) y la no gubernamental Cristosal de recibir «millones de dólares anuales sin que se conozca el origen ni el destino de los fondos».
Durante toda la semana, organizaciones defensoras de la libertad de expresión se manifestaron en contra de la iniciativa.
Jorge Canahuati, presidente de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), y Carlos Jornet, titular de la Comisión de Libertad de Prensa e Información, expresaron que la propuesta del presidente Bukele «imita y profundiza» una ley que el gobierno de Nicaragua «utiliza para amordazar a las voces críticas e independientes».
Canahuati, presidente del grupo OPSA, de Honduras, y Jornet, director periodístico de La Voz del Interior, de Argentina, dijeron que «se trata de una severa limitación para el funcionamiento de medios críticos al gobierno y de organizaciones que respaldan temas sociales y de derechos humanos que dependen del respaldo internacional para cumplir su labor».
Por su parte, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, opinó que el proyecto de ley busca «silenciar a voces críticas».
«En regímenes autoritarios como Rusia y Nicaragua este tipo de legislación es usual y ha sido usada para sofocar a la prensa y sociedad civil», agregó.
Y continuó: «De aprobarse este proyecto, el gobierno de Bukele tendrá un pretexto legal para intimidar o directamente impedir el trabajo de medios independientes y organizaciones de la sociedad civil».
«Desde que Bukele y su coalición eliminaron prácticamente los frenos al Poder Ejecutivo, las organizaciones no gubernamentales y los medios independientes son una de las pocas voces en El Salvador que están en condiciones de presionar al gobierno para que rinda cuentas», finalizó Vivanco.
