El Gobierno de Perú declaró el estado de emergencia en la red vial nacional en respuesta al paro transportistas y trabajadores del sector agrario, aunque existen conversaciones con esos sectores en busca de un acuerdo frente al alza del precio de los combustibles y por el incumplimiento de una reforma agraria, respectivamente.
«Declarar por el término de 30 días calendario el estado de emergencia en la Red Vial (nacional, departamental o regional, vecinal o rural). La Policía Nacional del Perú mantiene el control del orden interno, con el apoyo de las Fuerzas Armadas», indica en el decreto, publicado en el diario oficial El Peruano.
Los transportistas de carga iniciaron ayer un paro nacional indefinido en protesta por el alza del precio de los combustibles.
Por su parte, los trabajadores agrarios lo hicieron hoy -y hasta mañana- en demanda de que el Gobierno atienda una serie de problemas en el sector, y por el incumplimiento del Ejecutivo en llevar adelante reformas en materia agraria.
Las medidas de fuerza pueden generar el bloqueo de rutas en todo el país, razón por la que el Gobierno declaró la emergencia.
En el estado de emergencia queda restringido el ejercicio de los derechos constitucionales relativos a la libertad y la seguridad personales, la inviolabilidad del domicilio, y la libertad de reunión y de tránsito en el territorio nacional.
Una visión distorsionada de la realidad
El jefe de ministros, Aníbal Torres, indicó que los gremios de transportistas no acataron el paro, algo que no fue confirmado por las asociaciones del sector.
«El tránsito de carga y de pasajeros está garantizado en todo el país, igual que el abastecimiento de alimentos», sostuvo.
«Felicitamos la capacidad de negociación de los transportistas de buena voluntad y de nuestros funcionarios y funcionarias. El libre tránsito de carga y de pasajeros están garantizados en todo el país, así como el abastecimiento de alimentos», escribió Torres en su cuenta de la red Twitter.
Ayer, las dos partes ratificaron la disposición a continuar el diálogo en busca de «consensos en su beneficio, adoptando medidas responsables», señaló la estatal agencia Andina.
«Desde el Ejecutivo tenemos las puertas abiertas, como hemos tenido en estos días de intensas negociaciones en los que hemos llegado a consensos que satisfacen las expectativas que tenían los gremios de transportistas», indicó el ministro de Economía y Finanzas, Oscar Graham.
Sobre el acta con el sector de transporte interprovincial, sostuvo que el Gobierno se comprometió a ampliar por dos meses los beneficios del Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles, con lo cual el Estado compensará a los transportistas del servicio de carga y pasajeros.
Además, se establecerá un subsidio temporal por 4 meses, mediante decreto de urgencia, del 40% del monto del peaje al transporte interprovincial y de pasajeros nacional y regional, para empresas que tengan hasta 50 unidades.