Guatemala decidió endurecer las penas de cárcel por aborto y prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo, además de la educación sobre diversidad sexual, a través de una ley aprobada en pleno Día Internacional de la Mujer.
La «Ley para la Protección de la Vida y la Familia» sanciona con hasta 10 años de cárcel a «la mujer que causare su aborto o consintiere que otra persona se lo cause», mientras en la ley actual la pena máxima es de tres años.
El texto, que quedó listo para ser promulgado por el presidente Alejandro Giammattei, castiga con prisión de hasta 50 años al responsable de un «aborto o de maniobras abortivas efectuadas sin consentimiento de la mujer y que causen la muerte de ésta, un delito considerado como un aborto calificado».
«Mientras otros países avanzan en la aprobación de leyes abortistas y en leyes que degeneran el concepto original de familia, esta iniciativa pasa a ser una ley importante para la sociedad guatemalteca», sostuvo el diputado Armando Castillo, del derechista partido VIVA, uno de los impulsores de la norma.
Por su parte, la congresista Lucrecia Hernández, del partido de centroizquierda Semilla, afirmó: «Perder un embarazo es devastador y esta ley, a pesar de que una mujer pueda estar en duelo, le aplica automáticamente la etiqueta de sospechosa. Se está criminalizando y penalizando abortos espontáneos y eso es peligroso», advirtió.
Un país ultraconservador
La ley además reforma el Código Civil para dejar en claro que «se prohíbe expresamente el matrimonio entre personas del mismo sexo» en Guatemala.
Igualmente «prohíbe a las entidades educativas públicas y privadas promover en la niñez y adolescencias políticas o programas que tiendan a desviar su identidad según su sexo al nacer».
«Se le están violentando derechos humanos a importantes sectores de la población. Esta ley es absolutamente discriminatoria y es una ley que incita al odio», añadió el diputado Walter Félix, del partido izquierdista URNG.
Hernández añadió que la ley provocará el «estigma» y la «intolerancia» hacia las personas diversas y que «a todas luces es inconstitucional».
La aprobación ocurre en la víspera de que el presidente Giammattei declare a Guatemala como Capital Iberoamericana Provida.
«No nos vengan a meter ideas tontas. Esta ley es constitucional, es viable y es bendición de Dios», sentenció la diputada Patricia Sandoval (FCN, derecha), mientras afuera del Congreso protestaba un reducido grupo de mujeres contra esta norma.
