El Gobierno de Venezuela busca incentivar el uso del bolívar en una economía que está dolarizada de facto.
La administración del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, implementó desde el 28 de marzo pasado el Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF), con un incremento del 3% en las operaciones que se realicen en dólares, con el fin de incentivar la utilización del bolívar, la devaluada moneda oficial del país que cada vez está más desplazada por el creciente uso del billete estadounidense.
A juzgar por su nombre solamente debería afectar a las «grandes» transacciones financieras.
Sin embargo, el nuevo impuesto aplicado por el gobierno de Maduro en realidad afecta las operaciones en dólares y otras divisas extranjeras -y también criptomonedas- que se realicen en Venezuela, independientemente de su monto.
La dolarización de facto en Venezuela fue un alivio para muchos dada la hiperinflación y la devaluación de la moneda nacional, el bolívar, en los últimos años.
En líneas generales, los ciudadanos tendrán que pagar un 3% adicional, aunque con algunas excepciones.
El nuevo tributo entró en vigor el 28 de marzo cuando en Venezuela aún reinaba mucha confusión en torno a su aplicación, algo que llevó a algunas empresas, como la cadena de comida rápida Arturo’s, a suspender temporalmente la recepción de pagos en divisas a la espera de que se aclare el panorama sobre el llamado nuevo Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras (IGTF).
En redes sociales, numerosas voces se quejaron sobre este IGTF, equiparándolo a un aumento del Impuesto al Valor Agregado (IVA, un impuesto de 16% que los venezolanos deben pagar cada vez que adquieren un producto o servicio no exento).
Sin embargo, algunos analistas como Luis Vicente León, presidente de la consultora Datanálisis, opinaron que esta nueva medida «podría ayudar a impulsar la bancarización de la economía del país».
Confusión y desdolarización
Cuando las autoridades venezolanas anunciaron en febrero pasado que se aplicaría este nuevo impuesto con una tasa que podía oscilar entre el 2% y 20%, surgieron numerosas críticas a la medida que fue catalogada como «confiscatoria».
Entonces, se criticó también este nuevo tributo por el efecto que podía tener en una economía como la venezolana que apenas a inicios de este año dio por cerrado un largo ciclo de hiperinflación iniciado en 2017 y que tímidamente se recuperó de la crisis económica más severa en décadas.
Desde el Gobierno, se apuntó que el objetivo es «incentivar la recuperación en el uso del bolívar, la devaluada moneda oficial del país que en los hechos se ha visto cada vez más desplazada por el creciente uso del dólar».
«2022 será el año de recuperación definitiva del bolívar como moneda nacional», anticipó en diciembre del 2021, la vicepresidente, Delcy Rodríguez.
Sin embargo, muchos expertos cuestionaron este objetivo por considerar que la tímida mejoría económica de Venezuela es consecuencia de la liberalización de los severos controles de precios y de cambios que regieron la economía del país desde 2002.
Pero el panorama de incertidumbre se despejó cuando quedó claro que las transacciones «entre personas naturales» no iban a ser alcanzadas por este nuevo impuesto y que la tasa que se aplicaría para la mayor parte de las transacciones «no será del 20% sino del 3%».
«Si ese impuesto hubiera sido o es ubicado en el límite superior (20%), en realidad, sería desastroso. No porque no se harían transacciones en divisas, sino porque estas se harían en el mercado negro», advirtió Luis Vicente León en un video divulgado hace unos días en YouTube.
Más costos e inconvenientes
Aunque formalmente, el nuevo IGTF recae principalmente sobre personas jurídicas y entidades consideradas por las autoridades como «contribuyentes especiales», en la práctica este tributo sí repercutirá directamente sobre los consumidores pues dentro de esa categoría entran numerosos negocios de ventas minoristas incluyendo supermercados, farmacias y panaderías, entre otros.
Así, cuando un venezolano acuda a uno de estos negocios y haga una compra usando dólares u otras divisas en efectivo deberá pagar este 3% adicional por su compra.
Si la persona no quiere tener que pagar este impuesto, tiene la alternativa de hacer sus pagos directamente en bolívares o abrir en algún banco venezolano un tipo de cuenta denominada en dólares que al momento de la compra haga automáticamente el cambio del monto requerido a bolívares, de tal forma que el pago no resulte pechado.
En la actualidad, sin embargo, son muchos los venezolanos que contando con dólares no disponen de una cuenta en divisas.
«Cerca del 40% de las transacciones que se hacen en Venezuela se realizan con divisas en efectivo, la mayoría en dólares. Eso obviamente representa un problema para muchos venezolanos. Hay muchas personas que no están bancarizadas, que no tienen la oportunidad de colocar los dólares en un banco y poder usar una tarjeta de débito», explicó el economista Luis Oliveros a BBC Mundo.
Para el experto, este nuevo tributo causará mayores inconvenientes a los venezolanos, incluyendo el encarecimiento de la compra un 3% en las operaciones que sean objeto del nuevo impuesto.
Vale la pena destacar que el IGTF no hace distinción entre el monto de la compra ni en el tipo de producto o servicio que se esté pagando, sino simplemente en el tipo de moneda que se usa y en si el proveedor es un «contribuyente especial», por lo que da igual comprar unas pastillas para el dolor de cabeza o un auto de lujo.
Miles de millones en circulación
Al crear un nuevo impuesto para las transacciones en divisas extranjeras, las autoridades venezolanas apuntan a un área importante de la economía de ese país.
De acuerdo con la consultora Ecoanalítica, el 60% de los pagos que se hacen en comercios de Venezuela son en divisas, 65% de las cuales se manejan en efectivo.
Esa empresa estima además que en Venezuela circulan en efectivo unos US$2.600 millones, un monto que equivale al 24% de las reservas internacionales depositadas en el Banco Central de Venezuela (BCV).
Ahora, el gobierno podrá cobrar un 3% sobre muchas operaciones en las que se usen estos dólares en efectivo.
«El gobierno está buscando, en primer lugar, aumentar la recaudación», consideró el economista Luis Oliveros.
«Obviamente, si ese fuera el único objetivo, ellos habrían podido incrementar el IVA a 19% y con eso habrían aumentado la recaudación, pero también están buscando incentivar el uso de bolívares, pero eso no se logra obligando a la gente a pagar en bolívares», agregó el experto.
El analista Luis Vicente León también cuestionó el uso de esta estrategia para favorecer la circulación de la moneda venezolana.
«Entiendo el deseo del BCV de rescatar el uso del bolívar como moneda común. Es una de sus funciones. Pero la estrategia de ‘obligar’ a su uso, limitando transferencias en divisas sin resolver los problemas que pulverizaron las funciones del bolívar es contraproducente», escribió este viernes en su cuenta de Twitter.
«No se masificó el uso del dólar en Venezuela porque había mecanismos financieros que lo estimularan, sino porque la desconfianza en el bolívar y la desmonetización del país obligó a la economía y al propio BCV a buscar mecanismos alternativos en moneda dura», añadió.
Así, el intento de apuntalar el uso de la moneda venezolana poniendo un impuesto a las transacciones en dólares es juzgado como jugada prematura.
«Esta economía necesitaba más tiempo para asentarse, para estabilizarse, para buscar un mejor momento para llevar a cabo la desdolarización de la economía. Esta no es la mejor manera de hacerla», concluyó Oliveros.
