La fiscalía española anunció el archivo de todas las investigaciones contra el rey emérito Juan Carlos, y de esta manera le abrió la puerta a su regreso a su país desde Abu Dabi, donde se refugió en 2020 para alejarse de los escándalos.
La fiscalía indicó en un documento que «procede acordar (…) el archivo de las diligencias de investigación» que había abierto ante sospechas del origen opaco de la fortuna de Juan Carlos de Borbón, de 84 años, padre del actual rey Felipe VI.
«La investigación desarrollada (…) no permite ejercitar acción penal alguna contra Juan Carlos de Borbón», exjefe de Estado español entre 1975 y 2014, señaló en su nota de prensa la fiscalía.
La fiscalía alegó que encontró «diferentes razones» para archivar las investigaciones: «Insuficiencia de indicios incriminatorios, la prescripción del delito, la inviolabilidad del Jefe del Estado (mientras fue rey) o la regularización fiscal» que realizó Juan Carlos.
Este archivo, que implica que la fiscalía desiste de presentar una querella ante el Tribunal Supremo, se produce luego de una decisión similar de la justicia suiza en diciembre pasado, lo que abre la vía a que el rey emérito pueda regresar a España.
En la mira de la Justicia
Figura central de la transición española a la democracia tras la muerte del dictador Francisco Franco en 1975, el exjefe de Estado español (1975-2014) era objeto en España de tres investigaciones de la fiscalía.
La más importante de ellas buscaba determinar, desde diciembre de 2018, si Juan Carlos cobró comisiones por la adjudicación a dos empresas españolas de un contrato para la construcción de un tren a gran velocidad en Arabia Saudita en 2011.
Una transferencia en 2008 de 100 millones de dólares por parte del rey de Arabia Saudita a una cuenta suiza de la cual Juan Carlos era beneficiario estaba en el centro de esta primera investigación.
Pero la fiscalía concluyó que se trató «de un regalo» recibido por Juan Carlos, lo que podría haber implicado un delito de «cohecho», pero que en todo caso ya prescribió.
El grueso del dinero fue transferido en 2012 a la consultora de la empresaria danesa Corinna Larsen, amante de Juan Carlos entre 2004 y 2009.
Las otras investigaciones se referían al posible uso del rey emérito de tarjetas de crédito vinculadas a cuentas bancarias a nombre de un empresario mexicano y un coronel del Ejército del Aire, mientras que la última buscaba información sobre un posible trust vinculado a Juan Carlos en la isla de Jersey.
No tan inocente
Pese a archivar las investigaciones, la fiscalía señaló que encontró «cuotas defraudadas a la Hacienda Pública» entre 2008 y 2012 por parte de Juan Carlos, pero los delitos en que podría haber incurrido «prescribieron o no pueden ser procesados» porque en ese momento el entonces jefe de Estado estaba protegido por inmunidad.
De hecho, la fiscalía se congratuló por haber podido recuperar más de 5 millones de euros (5,5 millones de dólares) fruto de dos regularizaciones fiscales realizadas por Juan Carlos desde finales de 2020, para intentar evitar las indagaciones.
Objeto de un goteo incesante de informaciones de prensa sobre su fortuna opaca, Juan Carlos se fue de España el 3 de agosto de 2020 para asentarse en Emiratos Árabes Unidos.
Ante la proliferación de informaciones, el rey Felipe VI se distanció de su padre, quien abdicó en su favor en 2014 con el telón de fondo de varios escándalos.
En marzo de 2020, Felipe VI le retiró su asignación anual, de unos 200.000 euros (231.690 dólares), y renunció a su eventual herencia paterna.
