La Procuraduría General de Bolivia ha emitido una alerta migratoria en contra de Evo Morales, ex presidente de Bolivia, y ha iniciado una investigación por presunta corrupción durante su mandato. La acción legal se basa en denuncias presentadas por los excongresistas Amilcar Barrar y Yesenia Yarhuri Albino.
Las acusaciones incluyen mal manejo en la asignación de fondos del programa Fondo Indígena y en contratos otorgados a la empresa china CAMC, cuya representante en Bolivia fue una ex pareja de Morales. Los ex legisladores afirman que el daño económico al Estado podría ascender a 1.000 millones de dólares, una suma que será verificada por el Ministerio Público.
Acusaciones Recientes y Contexto Político
Esta denuncia es parte de una serie de acusaciones recientes contra Morales, que sus seguidores interpretan como una campaña de «lawfare» para marginarlo del escenario político. Una de las acusaciones más graves implica a Morales en el supuesto embarazo de una adolescente de 15 años durante su presidencia.
Según documentos de la Fiscalía Departamental de Tarija, se alega que Morales tuvo una hija con una menor en 2016, cuyo nacimiento fue registrado dos años después. Se presenta la partida de nacimiento como evidencia del delito, acusando a Morales de trata y estupro, dada la edad de la menor y la suya en el momento del evento. También se involucra a los padres de la menor por obtener beneficios y cargos públicos durante la relación.
Reacciones y Consecuencias Legales
Morales fue citado a declarar ante una comisión de fiscales, pero no se presentó, lo que podría resultar en la emisión de una orden de arresto. «La ley lo requiere, ya sea Evo Morales o cualquier otra persona, la ley es igual para todos», afirmó la fiscal Sandra Gutiérrez.
Ante la potencial detención de Morales, sus partidarios han amenazado con bloqueos a nivel nacional para proteger sus derechos. Los bloqueos ya han comenzado en varios puntos estratégicos, con la policía interviniendo para mantener el orden.
Disputa Política y Futuro Electoral
Este conflicto legal ocurre en medio de una disputa entre Morales y el actual presidente Luis Arce por el control del partido MAS y la candidatura para las próximas elecciones presidenciales de 2025. Morales ha criticado duramente lo que él considera intentos del gobierno para desplazarlo políticamente.
La ministra de la Presidencia, Maria Nela Prada, ha convocado a Morales a un diálogo para negociar una tregua y resolver los conflictos actuales, una invitación que aún no ha sido respondida públicamente por Morales.
Estas tensiones reflejan la complejidad de la política boliviana, donde las acusaciones de corrupción y las luchas de poder continúan influyendo en el panorama político nacional.
Fuente: Infobae
