La fiscal de Bolivia Lupe Zabala anunció que pedirá una condena de diez años de prisión en el juicio oral contra Jeanine Áñez por haberse «autoproclamado» presidente en 2019, tras el golpe de Estado contra Evo Morales.
Áñez está acusada de incumplimiento de deberes y resoluciones contrarias a la Constitución boliviana y las leyes, en el marco del caso ‘Golpe de Estado II’, que es la ampliación de caso ‘Golpe de Estado I’, según confirmó la fiscalía.
La investigación detalla que la ex presidente de facto tomó el mando del Senado en una sesión sin quórum y dentro de una fuerza minoritaria, contrariamente a lo que fija el Reglamento de Debates.
Más tarde se «autoproclamó» presidente de Bolivia en una sesión donde tampoco hubo acuerdo, agrega el expediente.
«Una de las consultas y curiosidades que ha hecho eco en la población es el hecho de que (la acusación) no se haya sujetado a un procedimiento de privilegio y sí a un procedimiento ordinario, toda vez que para algunos se trataría de un ex mandatario», resaltó el secretario de la Fiscalía, Edwin Quispe.
En este sentido, insistió en que «los casos Golpe I y Golpe II tienen que ver con las acciones atribuidas a la señora Jeanine Áñez antes de que se autoproclame Presidenta».
«La acusación recopila todos los elementos fácticos para demostrar la responsabilidad de Áñez, contra quien se presentaron más de 79 pruebas debidamente codificadas, más casi una veintena de declaraciones testificales», aseguró Quispe.
En tanto, desde su cuenta en la red social Twitter Áñez cuestionó la acusación, afirmando que el objetivo es condenarla «a cualquier precio».
«No les importa la independencia del Órgano Judicial, el derecho del pueblo a protestar por el fraude que cometió el Movimiento al Socialismo (MAS)», sostuvo.
Áñez asumió la Presidencia de Bolivia tras la expulsión de Evo Morales del poder, en medio de una revuelta popular que tuvo el apoyo de la derecha y los militares.
La renuncia forzada de Morales fue en respuesta a unas elecciones en las que fue dado como el ganador pero que fueron cuestionadas por la oposición y por la Organización de los Estados Americanos (OEA), aunque luego se confirmó que no había habido irregularidades.
