La Corte Penal Internacional (CPI) abrirá una oficina en Caracas, la capital de Venezuela, en el marco de una investigación por crímenes de lesa humanidad en manifestaciones, informaron hoy el fiscal de ese organismo, Karim Khan, y el presidente Nicolás Maduro, quien afirmó que esta filial permitirá «mejorar el diálogo y la asistencia técnica».
«Las partes han acordado que mi fiscalía, la fiscalía de la CPI, podrá abrir una oficina aquí en Caracas. Es un paso muy importante, muy significativo. No es algo de cara a la galería, es algo concreto que me va a permitir cumplir mis responsabilidades», sostuvo Khan en una declaración con Maduro, según reportó la agencia de noticias AFP.
«Se acordó igualmente que Venezuela otorgará «visados de múltiple entrada» a funcionarios de la CPI», agregó el fiscal tras reunirse con el mandatario venezolano en el Palacio presidencial de Miraflores.
A su turno, Maduro aseguró: «Hemos entablado un conjunto de conversaciones para mejorar los procesos de diálogos, de cooperación y de complementariedad de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional con el Estado venezolano».
«Establecer una oficina de trabajo nos va a permitir un nivel de diálogo efectivo en tiempo real, más eficiente y un nivel de asistencia técnica», ponderó.
Se cumplió lo firmado en noviembre de 2021
Maduro y la CPI acordaron establecer una oficina en Caracas, tras el memorando de entendimiento que firmaron en noviembre pasado.
El mandatario detalló que en esta ocasión estuvo reunido por tres días con el fiscal de la CPI, Karim Khan, como parte del memorando de entendimiento.
«En cumplimiento de la letra y del espíritu del memorando de entendimiento que acordáramos por consenso y firmáramos en noviembre pasado, en ese memorando están los elementos de ir a un proceso de complementariedad», amplió el presidente venezolano.
De igual manera, refirió que Venezuela «cuenta con un Estado de derecho y de justicia establecido en la Constitución», informó la agencia de noticias Sputnik.
Maduro y Khan firmaron en noviembre un memorando de entendimiento de cuatro puntos en los que las partes acordaron que Caracas «adoptará todas las medidas para asegurar la administración de justicia».
«Y a la vez, establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del fiscal en el territorio del país caribeño», agregó en otro de los puntos.
En ese entonces, Khan anunció que la CPI resolvió abrir una investigación a Venezuela «por presuntas violaciones a los derechos humanos», después de concluir el examen preliminar.
El documento también señala que las partes «deben esmerarse por concertar medios y mecanismos que contribuyan eficazmente a los esfuerzos de Venezuela para llevar a cabo auténticas actuaciones de conformidad con el artículo 17 del Estatuto de Roma y trabajar para que el principio de complementariedad tenga un efecto adecuado».
En febrero de 2018, la CPI efectuó una observación preliminar en Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.
Maduro rechazó de plano tales apreciaciones y el 4 de noviembre pasado, la fiscalía venezolana manifestó que no se cumplieron los requisitos para instrumentar esa investigación.
