Había sido una amistad secreta. Pero el 1 de marzo de 2008, el ejército colombiano bombardeó un campamento de las FARC en territorio ecuatoriano y entonces se destapó la verdad.
El ataque se produjo pasada la medianoche y los militares colombianos incursionaron rápidamente para hacer una labor de peritaje forense y recolección de evidencias. Entre los artefactos encontrados se recuperaron cuatro computadores con correspondencia de la jefatura guerrillera en la que se revelaba una estrecha relación entre los insurgentes y el gobierno de Rafael Correa.
El expresidente ecuatoriano negó el vínculo y más bien rompió relaciones diplomáticas con Colombia dos días después, indignado por el ataque militar no autorizado en el que falleció el segundo jefe de las FARC, Raúl Reyes. Según las cartas recopiladas por Colombia, se había acordado un aporte de $100.000 a la campaña presidencial de Correa.
Casi 13 años después, otro ataque a la guerrilla y otra incautación de equipos pone en evidencia una nueva ayuda financiera de la narcoguerrilla colombiana al correísmo para fines electorales. La revista Semana difundió a finales de enero que el Ejército de Liberación Nacional entregó $80.000 para la campaña presidencial de Andrés Arauz.
Obviamente, la denuncia periodística fue desestimada por el populismo, pero las Fiscalías de Ecuador y Perú ya intercambiaron documentos y empezaron a trabajar de manera coordinada con el apoyo de la inteligencia militar de ambos países. Si se determina que hubo un aporte no autorizado, el Código de la Democracia (la ley electoral ecuatoriana) establece la descalificación inmediata de la candidatura y una multa equivalente al doble de lo recibido. En caso de que el postulante ya esté ejerciendo el cargo para el que fue elegido, deberá ser destituido.
En 2008 Colombia expuso el intercambio de cartas en la Cumbre de Rio, realizada a la semana siguiente del ataque en Ecuador. El expresidente Alvaro Uribe leyó varias de las misivas en las que se identificaba, por ejemplo, al exministro de Seguridad Gustavo Larrea (alias “Juan”) como el emisario de Correa. El texto leído por Uribe en voz alta y en presencia de Correa y de los otros mandatarios de la región, incluso incluye la nota de pesar que la guerrilla envió al gobierno ecuatoriano por la muerte de la exministra de defensa Guadalupe Larriva, quien además era líder del Partido Socialista en Ecuador. Se menciona cómo el acuerdo con Correa incluía la entrega de información clasificada para proteger a los guerrilleros de la justicia colombiana. Se mostraba además una estrecha relación con el expresidente venezolano Hugo Chávez y se insinuaba una triangulación de favores entre Chávez, Correa y la narcoguerrilla.
Ecuador alegó que los computadores habían sido manipulados y que se había roto la cadena de custodia. Sin embargo, Colombia invitó a la Interpol a que haga un peritaje y se verificó que ni los datos ni el contenido habían sido alterados. Para efectos de procesos internos, la Corte Suprema de Justicia de Colombia determinó eventualmente que las pruebas eran inválidas por haber sido recopiladas sin una orden judicial.
Para nadie es un secreto la afinidad de Correa con la guerrilla latinoamericana, y por esta razón a los analistas no les sorprende el vínculo identificado recientemente. Correa reclutó en su gobierno a exguerrilleros del extinto movimiento Alfaro Vive Carajo como Rosa Mireya Cárdenas, que ocupó la Secretaría de los Pueblos, Movimientos Sociales y Participación. El uruguayo nacionalizado Kintto Lucas, hermano del asesinado guerrillero Enrique Lucas y admirador confeso de los Tupamarus, ocupó el viceministerio de Relaciones Exteriores. Lucas integró la lista de candidatos a asambleísta nacional por el movimiento Unión por la Esperanza, que auspició la candidatura de Arauz.
