La Justicia de Bolivia amplió por cinco meses más la prisión preventiva que deberá cumplir la expresidenta interina Jeanine Áñez mientras se investiga si protagonizó «un golpe de Estado» contra Evo Morales en noviembre de 2019.
La medida, solicitada por el Ministerio Público, fue tomada por el Juzgado Décimo de Instrucción en lo Penal de la ciudad boliviana de La Paz y afecta también al ex ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, y al de Energías, Rodrigo Guzmán, ambos integrantes del Gobierno de Áñez.
La defensa interpuso un recurso de apelación para que un tribunal superior revise esta medida cautelar dentro del proceso a instancias de la exdiputada Lidia Patty.
La nueva disposición judicial se tomó en una audiencia telemática reanudada en esta jornada tras una suspensión en la víspera por una descompensación sufrida por la exmandataria.
En tal sentido, Carolina Ribera, la hija de Áñez, sostuvo en sus redes sociales que el juez Armando Zeballos amplió la detención preventiva de su madre por otros cinco meses con una resolución emitida «sin evidencias», «sin pruebas» y sin «ningún tipo de criterio jurídico».
Ribera también denunció que al visitar a su madre en prisión la encontró «en posición fetal, temblando como una hoja, al borde de la inanición».
«Seis meses de una prisión política injusta y el juez la sigue condenando en base a suposiciones fiscales, sin ninguna prueba. Si muere Jeanine Añez, hago responsable al Gobierno y la Justicia», enfatizó.
El abogado de la exmandataria, Luis Guillén, por su parte, dijo que al momento de instalar la audiencia y activarse las cámaras pudo ver una «situación lamentable por el hecho que le exijan bajar a una supuesta sala de audiencia en el estado de salud que se encuentra».
A su juicio, esta exigencia es una que «ya cursa en la tortura» porque el Régimen Penitenciario la obligó a bajar a una sala de audiencias aun disponiendo de una computadora portátil y sabiendo que no tiene las fuerzas para desplazarse por la enfermedad que atraviesa su cliente.
Áñez se encuentra en prisión preventiva desde marzo acusada de «sedición, terrorismo, conspiración y genocidio», entre otros delitos, por participación en el presunto golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales.
En medio de denuncias por supuesta persecución política, su círculo más cercano aseguró que la expresidenta interina intentó suicidarse a mediados de agosto, en pleno deterioro de su estado de salud.
Entre otros cargos, Áñez enfrenta uno por «genocidio» que surge de la denuncia de familiares de las víctimas de la represión el 15 de noviembre de 2019 en el poblado de Sacaba, cercano a la ciudad central de Cochabamba, y el 19 de noviembre en la planta de gas de Senkata en la ciudad de El Alto, vecina a La Paz.
En un informe presentado el 18 de agosto, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), contabilizó que fueron 22 los muertos en ambos incidentes, que calificó de «masacres».
También hay otros dos juicios en curso, aunque por la vía penal y ordinaria: uno por supuestos delitos de sedición, terrorismo y conspiración y el otro por incumplimiento de deberes públicos.
Áñez se proclamó presidenta interina en una sesión del Senado sin quórum el 12 de noviembre de 2019, dos días después de que Morales se viera obligado a renunciar presionado por una rebelión militar, antes de exiliarse en México y luego en la Argentina.
Las imágenes de su autoproclamación con la biblia, figuras de la virgen y un Gabinete repleto de militares dieron la vuelta al mundo.
Un año después, Áñez dejó el poder tras la elección ganada por Luis Arce, quien obtuvo más del 55% de los votos y le sacó 28 puntos porcentuales de ventaja a su rival Carlos Mesa.
