La jueza de distrito federal Laura Taylor Swain confirmó el Plan de Ajuste (PDA) de Puerto Rico, lo que servirá para modificar cerca de U$S33.000 millones en obligaciones del gobierno central, a excepción de las reclamaciones por casos de expropiación forzosa.
Se trata de la primera modificación de deudas de un gobierno estatal en Estados Unidos y la reestructuración de mayor cuantía en el mercado de deuda municipal.
La decisión implica -de entrada- que las pensiones de unos 167.000 empleados públicos ya jubilados permanecerán intactas y que, si el gobierno encara algún déficit, habrá un fideicomiso -capitalizado con unos U$S1,000 millones- para pagar esa obligación de todas formas.
Implica además que miles de empleados públicos, participantes del Sistema 2000, recuperarán los ahorros que por años aportaron para su jubilación, una cifra englobada que ronda los U$S1.500 millones.
De igual forma, el PDA confirmado supone que los bonistas de Obligaciones Generales (GOs, en inglés) y aquellos de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP) y la Administración de los Sistemas de Retiro (ASR) recibirán al menos U$S7.048 millones en efectivo, así como nuevos bonos y la oportunidad de ingresos adicionales que rondarían los U$S3.500 millones a través del Instrumento de Valor Contingente (CVI, en inglés), sin los recaudos del impuesto al consumo.
Un segundo CVI, también pagadero con recaudos del Impuesto a la Venta y Uso (IVU), ascendería a unos U$S3.904 millones y se emitirá a favor de los bonistas de la Autoridad de Carreteras y Transportación (ACT) y de la Autoridad del Distrito de Convenciones que mantenían reclamos contra el gobierno central por los llamados fondos «clawback».
Un tercer CIV, de hasta U$S1.301 millones, se emitiría a favor de los bonistas de la Autoridad para el Financiamiento de la Infraestructura (AFI) y se pagará con los arbitrios del ron cuando estos también excedan las proyecciones en el plan fiscal certificado 2020.
Si el PDA no es objetado por los acreedores, la administración de Pedro Pierluisi o la Legislatura, la reestructuración del gobierno central será efectiva el próximo 15 de marzo.
Una segunda oportunidad
Pero según el presidente de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF), David Skeel, y la directora ejecutiva del organismo, Natalie Jaresko, la reestructuración aprobada por la jueza significa, en realidad, «un segundo chance» para que -utilizando la ley federal Promesa- Puerto Rico se mueva en un lustro del estancamiento a la estabilidad y ahora, con la confirmación del PDA, a la prosperidad.
«Es un momento muy emotivo para mí», confesó Skeel, tras la confirmación del PDA del gobierno central.
«Es un sueño hecho realidad, que será de beneficio para todo Puerto Rico y su gente», agregó.
Skeel sostuvo que en 198 el Congreso «se equivocó» al quitarle a las corporaciones públicas del territorio y sus municipios la oportunidad de acogerse a un proceso de bancarrota como pueden hacerlo decenas de jurisdicciones en Estados Unidos y que, con la aprobación de Promesa, estatuto con el cual el académico contribuyó intelectualmente, la isla tiene ahora una oportunidad que todavía no se comprende a cabalidad.
«Este proceso no ha sido fácil. En muchas ocasiones, deseamos tener una varita mágica y hacer que la deuda desapareciera… pero no podíamos hacer eso. La ley aplica. Los acreedores tienen derechos y tenían el derecho de ser tratados razonablemente y Promesa se aseguró de que lo tuvieran», puntualizó.
En tal sentido se pronunció Jaresko. «Este plan toma en consideración las lecciones aprendidas y cómo Puerto Rico llegó a una situación precaria financiera y se asegura de establecer políticas para que esto no pase nunca más», subrayó.
Skeel destacó que Puerto Rico queda como una de las jurisdicciones estadounidenses con mayor flexibilidad para invertir en el futuro.
Ello, porque con la reestructuración, Puerto Rico dedicará unos 7.2 centavos de cada dólar de impuestos para el pago de la deuda pública. Antes, unos 25 centavos de cada dólar en recaudos por impuestos estaba dedicado a los bonistas.
También el PDA es bueno para los bonistas
Pero a su vez, Skeel y Jaresko destacaron que el PDA aprobado para el gobierno central provee a los acreedores, particularmente a los bonistas, un mecanismo para recuperar su acreencia, pero solo si la economía mejora y dicha compensación -a pagarse mediante el CVI- tendrá un tope.
«Nunca ha habido una reestructuración como esta en América o el mundo», remarcó Skeel.
Desde la perspectiva de la JSF, cuando se implemente el PDA, Puerto Rico habrá cancelado unos U$S21.000 millones en obligaciones por concepto de bonos y quedaría con una deuda vigente de unos U$S7.000 millones.
Después de que se implemente el PDA, según Jaresko, el gobierno central quedará con unos U$S2.000 millones en efectivo en sus arcas y con recursos para invertir en infraestructura y utilizar los fondos de reconstrucción autorizados por el gobierno federal. Mientras, otros U$S17.000 millones quedarían en manos de corporaciones públicas y otras entidades.
Aparte de la reestructuración de los GOs, AEP y ASR, con el PDA, Puerto Rico también habría conseguido al fin modificar la deuda de la ACT, lo que incluyó un acuerdo con los acreedores de la Autoridad para la Recuperación de la Deuda (entidad sucesora del Banco Gubernamental de Fomento), así como la reestructuración de la deuda de la ADC y AFI, lo que se completará a través del Título III y el Título VI de Promesa, respectivamente en procesos separados.
Las cortapisas
Pero el alivio en el pago de la deuda no se produjo sin sacrificios. El PDA requerirá a Puerto Rico -y sobre todo a sus políticos- ceñirse a una nueva política pública de manejo deuda más estricta que el margen de endeudamiento que provee la Constitución.
Tal política no permitirá comprometer, para efectos de emitir nueva deuda, los recaudos del gobierno en más de 8%, una restricción que perdurará por una década. El PDA confirmado ya utiliza el 7.2% de ese margen. Y la deuda a emitirse solo podrá utilizarse para inversiones de capital.
Además, la Legislatura presente y aquellas futuras tampoco podrán legislar «promesas que no puedan pagar» y casi 40 leyes estatales, a excepción de las Leyes 80, 81 y 82 de 2020 quedarán ocupadas por Promesa hasta que se pague el último centavo.
En el caso de la Ley 81, el gobierno aceptó la anulación del estatuto sujeto a que se produzca una solución para asegurar que los policías reciban una compensación mínima de pensión cuando estos se jubilen.
Mientras la JSF esté en funciones, será el organismo quien vele por el cumplimiento del PDA. Y cuando el organismo se vaya, tocará al gobierno honrar su palabra. Si no lo hace, advirtió el principal asesor legal de la JSF, Martin Bienenstock, podrá demandar al gobierno para exigir su parte.
Los más perjudicados
El PDA también supone el fin de beneficio de pensión definida para los maestros y los jueces.
La Asociación de Maestros de Puerto Rico (AMPR) tronó contra el dictamen de la jueza al indicar que lo aprobado incluye «cambios nefastos al retiro de los maestros sin ofrecerles ningún remedio o beneficio».
«Es una decisión que coloca a miles de maestros activos al borde de la indigencia cuando alcancen el momento de su retiro. Advertimos al magisterio sobre esta posibilidad y luchamos incansablemente para obtener un mejor trato», aseguró el presidente de la AMPR, Víctor Bonilla Sánchez en referencia a la propuesta que hizo la JSF y que el sector rechazó en dos ocasiones.
De otra parte, no todos los acreedores reciben recuperaciones por igual. Mientras los tenedores de GOs y de la AEP recibirán una combinación de efectivo -que ascendería a unos U$S7.048 millones- al igual que nuevos bonos y pagos adicionales en caso de que la economía mejore, los bonistas de la ASR recibirían unos 14 centavos de dólar.
De igual forma, los llamados Centros 330 y las procesadoras de leche en Puerto Rico -Suiza Dairy y Vaquería Tres Monjitas- recibirían aproximadamente la mitad de lo que el gobierno le debe desde hace muchos años.
Además, miles de contratistas -salvo que decidan reducir sus acreencias a unos U$S20.000- recibirían mucho menos del 20% de lo que facturaron por los servicios y bienes que prestaron al gobierno y que nunca les pagó.
Reacción del Gobernador
De inmediato, el gobernador Pedro Pierluisi afirmó que la confirmación del PDA representa «un gran paso» para Puerto Rico.
«Estamos ante un momento trascendental en el que el gobierno de Puerto Rico se encamina a terminar con el proceso de quiebra y así concentrarse en lograr regresar al progreso que nuestra gente espera y merece», indicó.
Y siguió: «El acuerdo, aunque no es perfecto, es muy bueno para Puerto Rico y protege a nuestros pensionados, a la Universidad (de Puerto Rico) y a nuestros municipios, que le sirven a nuestra gente.
Desde Washington, la comisionada residente Jennifer González, también celebró la decisión.
«Con la confirmación del (PDA), se da uno de los pasos más importantes para que Puerto Rico salga, económicamente, adelante y se deshaga de uno de los indicadores más burdos de nuestra condición colonial, la (JSF)», remarcó.
Por su parte, el presidente del Senado, José Luis Dalmau Santiago, coincidió en que la aprobación del PDA constituye «el paso más trascendental en la recuperación financiera del país».
