Indígenas, trabajadores y estudiantes coincidieron en una masiva protesta contra el gobierno de Guillermo Lasso en Ecuador, en una jornada que tuvo cortes y bloqueos de rutas y movilizaciones, centralmente para reclamar la baja del precio de los combustibles, y que puso a prueba el estado de excepción en materia de seguridad que el Ejecutivo dictó para todo el país.
En ese contexto, 37 personas fueron detenidas por impedir el tránsito de personas y vehículos, y 5 policías resultaron heridos, informó la ministra de Gobierno, Alexandra Vela.
A cinco meses de su asunción, Lasso enfrentó la protesta más importante no solo por la dimensión de los cortes y las marchas, sino porque además le llegó en un momento de múltiples frentes abiertos.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie) y el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) aportaron los grupos más numerosos que marcharon en todo el país, pero también participaron la Unión Nacional de Educadores (UNE) y la Federación de Estudiantes Universitarios del Ecuador (FEUE), entre decenas de organizaciones.
Al estado de excepción que puso a militares en las calles ante la ola de inseguridad, Lasso sumó la semana pasada el congelamiento del precio de los combustibles, un punto reclamado casi por unanimidad desde todos los sectores sociales, pero el decreto que dispuso esa medida también habilitó antes un nuevo incremento, lo que empujó estas protestas.
El mandatario pareció preocupado por la protesta: en las últimas 48 horas subió a su cuenta de la red Twitter una decena de textos, todos de tenor similar y con la etiqueta #DileNoalParo, en los que cuestionó básicamente el corte de rutas y calles.
El vocero oficial del Gobierno, Carlos Jijón, remarcó que «las actividades laborales del país se desarrollaron con relativa tranquilidad por el trabajo de la Fuerza Pública que impidió el cierre de rutas».
Jijón señaló que el Ejecutivo «está abierto a un diálogo con todos los sectores, respetando el derecho a la protesta de manera pacífica y garantizando que la disconformidad de ciertos sectores, como las movilizaciones, se realicen en el marco de la ley».
«Aquí estamos para reclamar derechos, no somos enemigos internos para que nos declare la guerra; escuche, presidente: todos estamos viviendo esta pobreza, incluidas las arcas fiscales, pero no podemos sacar el dinero de la gente más pobre sino congelar (los combustibles) a los precios planteados e ir a una discusión más integral sobre la política de focalización», advirtió Leonidas Iza, titular de la Conaie, en su discurso.
«Los sectores pudientes deberían ser quienes paguen combustibles sin subsidios y no salir a insultar a los manifestantes”, agregó el dirigente.
En Quito, en tanto, la Policía acordonó todos los accesos al Palacio de Carondelet, sede gubernamental, en un radio de cientos de metros alrededor, con dos hileras de agentes detrás de vallas entrelazadas.
Más cerca del Palacio de Gobierno, a menos de 100 metros, estaban las Fuerzas Armadas, con grupos especiales. Y por el centro histórico de la capital marcharon dirigentes y militantes del FUT, del gremio de los docentes y otros sindicatos y organizaciones.
Cuando las columnas llegaron a la céntrica Plaza San Francisco, la Policía buscó dispersarlas y usó gases lacrimógenos, lo que generó corridas y enfrentamientos.
El presidente del FUT, Mesias Tatamuez, sostuvo: «El pedido principal es la derogatoria del decreto que congeló los precios de los combustibles pero después de aumentarlos, y evaluó que los valores debían, sí, ser congelados pero al nivel anterior a los decretos».
Las protestas se dieron bajo el estado de excepción por 60 días decretado hace una semana, que dispuso la presencia de militares en las calles para apoyar a policías en el combate contra la criminalidad, y el Ejecutivo no suspendió las libertades a manifestarse o reunirse, pese a estar facultado a hacerlo.
