Es la segunda matanza que se produce en el Centro de Privación de Libertad Número 1, de Guayaquil, en los últimos 60 días.
El presidente de Ecuador, Guillermo Lasso, designó nuevos jefes de las Fuerzas Armadas tras el enfrentamiento entre bandas de este fin de semana, que dejó un saldo de 68 presos muertos y 28 heridos, la segunda masacre en el Centro de Privación de Libertad Número 1 en Guayaquil, en menos de dos meses.
Las designaciones realizadas incluyen a Orlando Fuel como jefe del Comando Conjunto y a Luis Burbano como comandante General de la Fuerza Terrestre.
Asimismo, Lasso aceptó la renuncia de Bolívar Garzón Espinosa, director del Servicio Nacional de Atención Integral a Personas Adultas Privadas de la Libertad (SNAI), tras una reunión de alto nivel con los jefes militares y de la Policía Nacional, en la que también participaron los ministros de Gobierno para definir «acciones a continuar ejecutando ante la situación carcelaria», informó la Secretaría de Comunicación.
Su reemplazante será Fausto Cobo, quien hasta hoy se desempeñaba como director del Centro de Inteligencia Estratégica (CIES).
La Secretaría de Comunicación ecuatoriana informó que 34 de las 68 víctimas de la masacre carcelaria ya fueron identificadas y que el Gobierno despliega una serie de acciones articuladas «para atender y brindar el acompañamiento necesario a los familiares».
La Secretaría de Derechos Humanos entregará en las próximas horas los féretros a las familias.
En tanto, el Ejército desplegó más soldados en las afueras del penal de Guayas, la cárcel más importante de Guayaquil, en apoyo de la policía para controlar la situación.
Decenas de personas volvieron a concentrarse en las afueras del penal y de la morgue policial en busca de información sobre sus familiares presos.
Luego de la revuelta, el vocero presidencial Carlos Jijón indicó que «la situación está controlada en toda la Penitenciaría» con la intervención de 900 policías.
La cárcel Guayas 1, con 8.500 internos y una superpoblación del 60%, fue escenario el 28 y 29 de septiembre de una de las peores masacres carcelarias de Latinoamérica, con 119 reclusos fallecidos.
Desde entonces, la violencia no frenó en este penal debido a una guerra entre reos miembros de bandas con nexos con cárteles internacionales del narcotráfico, que se disputan el poder y liderazgo dentro y fuera de las prisiones, con un saldo hasta ahora de más de 200 muertos.
A raíz de la matanza de septiembre, se declaró un estado de emergencia de 60 días en el que los militares se movilizaron para respaldar a la policía en el control del sistema penitenciario, una medida que concluirá a fines de este mes.
La presencia militar se extendió también a otras penitenciarias en el marco del estado de emergencia, como a una de la región Cantón de Machala, en el oeste del país, a orillas del océano Pacífico.
La Fiscalía señaló que implementó un punto de atención en el departamento policial de Criminalística en Guayaquil para «asistir y agilizar el proceso de entrega de cuerpos a familiares de personas privadas de la libertad fallecidas en los hechos violentos registrados en la Penitenciaría del Litoral (Guayas 1)».
