Con una amplia mayoría, los legisladores de El Salvador dieron luz verde a una ley que introduce un nuevo régimen fiscal para organizaciones no gubernamentales que reciben recursos desde el extranjero. La medida impone una tasa del 30% sobre fondos y bienes que ingresen al país con fines operativos o de cooperación.
La normativa fue respaldada por 56 diputados, la mayoría pertenecientes al bloque oficialista. Según lo establecido, el dinero recaudado será utilizado para financiar programas sociales y proyectos de beneficio público.
La legislación, promovida por Nayib Bukele, también establece que las ONG deberán registrarse formalmente ante el Ministerio de Gobernación y detallar el origen, destino y propósito de los recursos recibidos. El gobierno ha señalado que el objetivo de la normativa es fomentar la transparencia y asegurar que los fondos foráneos se usen en beneficio directo de la población.
Las entidades que no cumplan con este requisito podrían enfrentar sanciones económicas de entre 100.000 y 250.000 dólares, además de la suspensión de sus operaciones dentro del país.
se asegura que esta medida busca aumentar la transparencia y asegurar que los recursos extranjeros se usen de manera responsable. “Las organizaciones pueden seguir funcionando, pero ahora deberán hacerlo con reglas claras y bien definidas”, afirmó el presidente del Congreso, Ernesto Castro.
Sin embargo, varias voces de la oposición y de la sociedad civil han expresado su preocupación, señalando que esta ley podría ser utilizada para limitar la actividad de grupos críticos del gobierno. “Se trata de una normativa que pone en riesgo el trabajo de muchas organizaciones y restringe la libertad de asociación”, opinó la diputada Claudia Ortiz.
La ley también permite a las organizaciones pedir una exoneración del pago del 30%, siempre que justifiquen la naturaleza del proyecto y el beneficio para la comunidad. Esta excepción será evaluada por el Gobierno y tendría una validez de un año, con posibilidad de renovación.
La aprobación de esta normativa ocurre en medio de tensiones entre el gobierno y varias ONG, que han cuestionado algunas políticas estatales y denunciado posibles retrocesos en materia de derechos humanos.
Fuente: CNN español
