La difusión de miles de documentos, los llamados «Pandora Papers», que pusieron en evidencia las maniobras de presidentes, exmandatarios, ministros y empresarios para ocultar sus fondos en el exterior, generaron en países de América Latina aclaraciones apresuradas, pedidos de informes, denuncias judiciales, citaciones al Parlamento, declaraciones como mínimo curiosas y hasta pedidos de renuncias y juicio político.
Aunque son 6.288 los latinoamericanos cuyos nombres aparecen en las publicaciones del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), la mayor atención, obviamente, recayó en algunos pocos nombres: los de los presidentes de Ecuador, Guillermo Lasso; y de Chile, Sebastián Piñera, acusados en pleno ejercicio de sus mandos.
Pero también hicieron ruido las apariciones de diez exmandatarios: Pedro Pablo Kuczynski, de Perú; Porfirio Lobo, de Honduras; César Gaviria y Andrés Pastrana, de Colombia; Francisco Flores, y Alfredo Cristiani, de El Salvador; Horacio Cartes, de Paraguay; y Juan Carlos Varela, Ricardo Martinelli y Ernesto Pérez Balladares, de Panamá.
Piñera aparece como uno de los más comprometidos porque la Justicia aceptó ayer la apertura de un proceso de investigación penal, la Fiscalía hizo lo mismo y bloques opositores anunciaron para la semana próxima la presentación una acusación constitucional (juicio político) en su contra.
El señalamiento es por la venta de la empresa minera Dominga a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas en 2010, mientras ejercía su primer mandato. Piñera dijo que en la operación «se cumplió estrictamente con las reglas tributarias de Chile» y que «se pagaron todos y cada uno de los impuestos».
Ecuador tuvo uno de los rebotes más movidos sobre la cuestión: Lasso admitió que tuvo «inversiones legítimas en otros países», aclaró que se deshizo de ellas para competir en las elecciones presidenciales de 2021 -que ganó-, renunció al secreto bancario y ofreció a la Comisión de Fiscalización de la Asamblea Nacional (AN) una reunión para «responder todas las preguntas».
Aun así, la AN aprobó un pedido para que se investiguen las cuentas bancarias y se examine la declaración patrimonial del mandatario, y el excandidato indígena, Yaku Pérez, presentó una denuncia ante la Fiscalía General para que se analice un posible fraude fiscal.
En tanto, en Colombia, un grupo de legisladores de la oposición citó a funcionarios de altos cargos del Gobierno de Iván Duque, entre ellos la vicepresidente y canciller Marta Lucía Ramírez y dos ministros, a que expliquen en el Congreso las denuncias.
La citación es para Ramírez, la ministra de Transporte, Ángela Orozco; el titular de Hacienda, José Manuel Restrepo; el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia (DIAN), Lisandro Junco; el fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa; y el director de la Unidad de Información y Análisis Financiero, Javier Gutiérrez López.
Por su parte, en Brasil, los apuntados son el ministro de Economía, Paulo Guedes, y el presidente del Banco Central, Roberto Campos Neto, acusados de posibles delitos de evasión fiscal, además de un nutrido grupo de empresarios vinculados a los principales medios del país.
Los dos ya fueron convocados a dar explicaciones ante el Congreso y en el ámbito judicial, el fiscal general Augusto Aras informó que abrió una investigación preliminar, que significa en la práctica buscar una respuesta oficial de los involucrados en el escándalo.
No obstante, en Paraguay, el opositor Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) presentó ante la Fiscalía una denuncia penal por falsificación de declaración jurada contra el expresidente Cartes.
Cartes hizo una rectificación en septiembre, poco antes de que se divulgara el trabajo del ICIJ, a sus declaraciones juradas que mostró al asumir y al dejar la Presidencia. «La rectificación es la confesión de la condición de delito. Viene a decir: `sí, cometí un delito y ahora quiero arreglar`», advirtió el titular del PLRA, Efraín Alegre.
Pero también figuran numerosos empresarios: en México, están Germán Larrea, dueño de la gigante minera Grupo México; Fernando Chico Pardo, presidente del consejo de administración y socio mayoritario del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR); Alberto Baillères, cabeza de Grupo Bal; Olegario Vázquez Raña, del grupo Ángeles; y la multimillonaria María Asunción Aramburuzabala.
Entre Larrea, Vázquez Raña y Aramburuzabala suman unos 30.000 millones de dólares, según el ICIJ. El presidente Andrés Manuel López Obrador pidió investigar a los más de 3.000 mexicanos que presuntamente ocultaron bienes «para ver a quién corresponde pagar, por una cuestión fiscal, desde luego».
En Guatemala figura, Federico Kong Vielman, miembro de una de las dinastías más ricas del país vinculada a una compañía que produce cera para pisos y labiales; y en Bolivia se conocieron operaciones de Branko Marinkovic, ministro de Economía del Gobierno de Jeanine Áñez y vinculado a la industria del aceite.
Por último, Colombia, algunos nombres son los de Isaac Yanovich, ex presidente de Ecopetrol; Miguel Gómez Martínez, titular de la Federación de Aseguradores Colombianos; Luis Carlos Sarmiento Angulo, dueño del Grupo Aval, Corficolombiana y Porvenir; Isaac, Jaime y Gabriel Gilinski, propietarios del Banco GNB Sudameris, Lulo Bank, Servibanca y Revista Semana; y Alejandro Santo Domingo, miembro del grupo dueño de Cine Colombia, Canal Caracol y tiendas D1.
