El primer ministro de Haití, Ariel Henry, destituyó al fiscal de Puerto Príncipe Bel-Ford Claude por una «falta administrativa grave», justo horas después de que éste le prohibiera la salida del país y solicitara a un juez investigarlo en calidad de imputado por el asesinato del presidente Jovenel Moise.
«Hay suficientes elementos comprometedores para procesar a Henry y pedir su acusación directa», informó Claude en una carta -que circula en las redes sociales- dirigida al juez Garry Orélien, encargado de la instrucción del caso.
Y en otra, dirigida al director del Departamento de Inmigración y Emigración haitiano, Joseph Cianculli, Claude señaló que «el señor Ariel Henry tiene prohibido abandonar por vía aérea, marítima y terrestre el territorio nacional por las graves acusaciones que pesan sobre él por el asesinato del presidente Jovenel Moise».
Es que Henry debe presentarse a la Fiscalía para «aclarar» las llamadas realizadas a Joseph Felix Badio, un abogado sospechoso de participar en la planificación del magnicidio ocurrido en el país el pasado 7 de julio.
De acuerdo con el comisionado de Gobierno, el mismo día del asesinato del mandatario, el primer ministro conversó dos veces durante unos ocho minutos con Badio después del crimen, mientras éste último se encontraba en las cercanías de la residencia presidencial.
Claude invitó a Henry a la Fiscalía para colaborar con la justicia en el archivo, aunque hasta el momento el jefe de Gobierno no se presentó.
Un primer ministro legalmente no puede ser interrogado a menos que el presidente lo autorice. Pero hoy Haití no tiene uno.
Henry fue nombrado en el cargo por Moise días antes del magnicidio y prestó juramento el 20 de julio, comprometiéndose a mejorar la terrible seguridad del país y a organizar elecciones retrasadas durante mucho tiempo.
Una vez en el cargo el primer ministro despidió al titular de Justicia Rockefeller Vincent, y al secretario del Consejo de Ministros, Rénald Lubérice, quienes no ofrecieron declaraciones.
El caso del magnicidio está en estos momentos en manos del juez Orélien, quien es la única autoridad competente para llamar a declarar a testigos o imputados o para decidir quién es sospechoso por el asesinato.
Las autoridades haitianas informaron que 44 personas se encuentran en prisión preventiva por el asesinato, entre ellas 18 colombianos acusados de formar parte del comando que asesinó a Moise, además de 12 policías que integraban el cuerpo de seguridad del mandatario.
