Más de 200 indígenas tomaron las instalaciones de la Estación 5 del Oleoducto Norperuano en la zona de Manseriche, uno de los seis distritos que conforman la provincia de Datem del Marañón, ubicada en el departamento de Loreto en el Norte del Perú, paralizando las operaciones de transporte de hidrocarburos de la planta.
La compañía Petroperú sostuvo en un comunicado que la toma de la estación «hace parte de la convocatoria al paro Amazónico promovido por la Federación Nativa Awajún Río Apaga (FENARA) y los Pueblos Afectados por la Actividad Petrolera (PAAP)», quienes demandan la atención del Gobierno por supuestos incumplimientos.
La empresa informó que «evacuó de inmediato a todo el personal que estaba en la estación y paralizó las operaciones de bombeo de hidrocarburos».
Por su parte, Pablo de la Flor, gerente general de la SNMPE, denunció que la actividad petrolera en la región Loreto vive en permanente zozobra por una serie de acciones de hostigamiento y ataques por parte de grupos que se oponen al desarrollo de esta industria.
«Esta medida de fuerza paralizó las operaciones del Oleoducto Norperuano (ONP), ya que la Estación 5 es el núcleo central para las actividades de esta infraestructura, a través de la cual se traslada toda la producción del circuito petrolero de Loreto hacia el Terminal de Bayóvar», aseveró el directivo.
«No se puede tolerar acciones que atentan contra un activo crítico nacional tan importante para la seguridad energética del país. Nos preocupa la forma reiterativa en la que se vienen dando estos hechos delictivos, y la falta de reacción de las autoridades», subrayó.
De la Flor, además, informó que las operaciones de PetroTal en el lote 95 también son objeto de hostigamientos por parte de un grupo que amenaza con la ocupación ilegal de las instalaciones.
«El sector hidrocarburífero peruano que viene atravesando una grave crisis por la caída de la producción e inversión, hoy también está bajo sometimiento de medidas de fuerza que desacatan la ley», se lamentó.
En ese marco, de La Flor expresó su preocupación por que este tipo de acciones estarían siendo azuzadas por grupos con intereses particulares que desconocen los esfuerzos que se vienen realizando desde el Estado para dar cumplimiento al plan de cierre de brechas sociales que se aprobó en el año 2020.
El representante del gremio minero energético manifestó que la paz social es esencial para superar la crisis sanitaria y económica que enfrenta el Perú como consecuencia de la pandemia.
«Debe primar el diálogo en la solución de los conflictos, pero este proceso debe darse sin coerción ni condicionamientos que busquen que el Gobierno renuncie a sus competencias y obligaciones en salvaguarda del Estado de Derecho», finalizó.