La Suprema Corte de Justicia de México declaró inconstitucional la norma que prohibía por 10 años trabajar en el sector privado a quienes se retiraran de la función pública, informó la prensa internacional.
Los jueces del tribunal resolvieron por unanimidad anular el segundo párrafo del artículo 24 de la Ley Federal de Austeridad Republicana, porque «afecta la libertad de trabajo y el plazo que establece es excesivo».
La ley cuestionada por la Corte fue promulgada en noviembre de 2019 por el presidente Andrés Manuel López Obrador, tras una reforma impulsada por él con el objeto de evitar conflictos de intereses.
El artículo declarado inconstitucional establecía la prohibición, «salvo que hubiesen transcurrido al menos 10 años para aquellos altos funcionarios que por cualquier motivo se separen de su cargo».
Les impedía «ocupar puestos en empresas que hayan supervisado, regulado o respecto de las cuales hayan tenido información privilegiada en el ejercicio de su cargo público».
El presidente de la Corte, Arturo Zaldívar, afirmó que esa prohibición «no es necesaria, ya que establece un plazo demasiado largo en comparación con otras medidas que buscan regular las mismas acciones», según la agencia de noticias Sputnik.
«No todos los cargos de mando superior tienen las mismas responsabilidades y presentan el mismo grado de riesgo de corrupción. Por lo tanto, me parece que la norma es sobreinclusiva», agregó.
López Obrador menciona con frecuencia el caso del ex presidente Felipe Calderón, quien luego de dejar la función pública fue contratado para integrar el directorio de la empresa española de energía Iberdrola, que tiene contratos en México.
La oposición presentará una contrarreforma eléctrica
Una alianza de las principales fuerzas de oposición en México anunció el lunes que votará en contra de la reforma eléctrica del presidente López Obrador, que plantea entregar a la estatal CFE el control sobre el mercado eléctrico, justo cuando se prevé definición del proyecto en los próximos días.
La postura conjunta de la coalición formada por los partidos PRI, PAN y PRD, que busca ser un contrapeso en el Congreso a la mayoría del gobernante Morena pero que no había sido contundente hasta ahora, pondría una lápida a la iniciativa del mandatario para modificar la Constitución, pues necesita de parte de sus votos para sacarla adelante.
«Es un no categórico a la reforma regresiva que se ha presentado sin querer moverle ni siquiera una coma», sostuvo el presidente y diputado del PRI, Alejandro Moreno, en una conferencia de prensa que brindó junto a los jefes de bancada en la Cámara de Diputados y mandatarios nacionales de los tres partidos.
Morena prevé llevar la próxima semana al pleno de la Cámara Baja la iniciativa de López Obrador, que busca revertir la apertura de la industria eléctrica de 2013/14, acotar la participación de empresas privadas, dar prioridad a la CFE para que suba su energía a la red y limitar la participación de empresas privadas en el mercado, entre otras cosas.
La coalición, conocida como «Va por México», anunció también una contrarreforma eléctrica, que presentará formalmente una vez que la de López Obrador sea votada y posiblemente descartada.
El proyecto del grupo plantea mantener que las energías limpias y baratas sean las primeras en ser despachadas, un punto clave que la reforma del mandatario busca cambiar ya que propone establecer en la Constitución el acceso a la electricidad como un derecho humano, y que el Estado promueva la instalación de paneles solares en los hogares y el campo.
Los legisladores señalaron que, al igual que López Obrador, buscan fortalecer a la CFE, a la que pretenderían darle autonomía presupuestal y de gestión, así como al regulador del sector energético, la CRE y al operador del sistema eléctrico, el Cenace.
«Queremos que esto se apruebe porque así vamos a lograr que la gente pague menos en su recibo de luz», afirmó el presidente del PAN, Marko Cortés, en la misma rueda de prensa.
En cuanto al litio, cuya explotación el Gobierno quiere quede reservada al Estado, la alianza planteó que se puedan realizar rondas de licitación para desarrollo de proyectos, parecidas a las que se llevan a cabo comúnmente en la industria petrolera en el mundo, pero que se dejaron de hacer en México tras la llegada de López Obrador al poder a finales del 2018.
La Suprema Corte de Justicia (SCJ) de México discutirá esta semana impugnaciones a una reforma a la Ley de la Industria Eléctrica (LIE) aprobada por Morena y sus aliados el año pasado.
En caso de ser avalada podría quedar sin sustento la iniciativa presidencial, pero aún no hay claridad sobre hacia dónde se podría inclinar el máximo tribunal.
