Militares de El Salvador conducen desde hoy los colectivos urbanos luego de que el presidente Nayib Bukele interviniera la empresa operadora, la cooperativa Acostes, propiedad del empresario Catalino Miranda, por incrementar ilegalmente el precio del pasaje.
Después de que Bukele anunciara la semana pasada medidas para contener la inflación acelerada a nivel global por la crisis generada a partir de la invasión de Rusia a Ucrania, y advirtiera que intervendría las empresas de transporte que incrementaran el valor de sus tarifas, el gobierno se hizo cargo del servicio.
Así, desde el sábado pasado el gobierno intervino dos rutas en San Salvador, la capital salvadoreña, tras anunciar que le suspendía los permisos a la concesionaria por incrementar sus precios.
La cooperativa Acostes es la encargada de la concesión de buses y microbuses en la capital.
Su titular, el empresario Catalino Miranda, fue detenido por la policía días atrás y señalado por la Fiscalía ante la justicia de los delitos de resistencia y desórdenes públicos.
Casi 300 militares al volante
Finalmente, Bukele con el apoyo del Ministerio de Obras Públicas, dispuso que las 293 unidades de transporte de estas líneas queden bajo conducción mayoritaria de las Fuerzas Armadas, sin cobrar por el servicio.
Esta potestad, según la administración de Bukele, está contemplada en la Constitución donde está consignado que el gobierno puede «tomar a su cargo los servicios públicos cuando los intereses sociales así lo exijan, prestándolos directamente».
Para el analista y abogado Enrique Anaya, la intervención de ambas rutas de transporte público son una muestra de que el gobierno actuó como un «régimen autoritario».
«Las cosas no se pueden hacer de manera arbitraria, hay procedimientos establecidos de acuerdo con la ley que rige cada servicio público», señaló Anaya.
No obstante, los usuarios del transporte público salvadoreño celebraron la medida de Bukele.
El Gobierno está abierto al diálogo
Al principio de la intervención de ambas rutas por parte del gobierno, la denominada Mesa Nacional del Transporte, que aglutina a varias cooperativas de buses, amenazó con un paro, que luego fue descartado.
En tanto, el presidente Bukele sostuvo que su gobierno está dispuesto «a abrir una mesa de diálogo con los empresarios de transporte público y discutir sus problemas, siempre y cuando respeten la ley y no incrementen el costo del pasaje».
El mandatario también tomó otras medidas para intentar paliar la inflación, como por ejemplo la suspensión temporal de algunos impuestos a los combustibles para evitar un alza en el pasaje del transporte colectivo.
Bukele mantiene un fuerte respaldo de las Fuerzas Armadas y a través de ellas repartió ayuda social durante los primeros meses de la pandemia de coronavirus.
Pero también se hizo escoltar por militares a inicios de 2020 para ir al Congreso, entonces controlado por la oposición, y exigir la aprobación de una iniciativa resistida que consistía en una partida presupuestaria para un programa de seguridad ciudadana.
Además, Bukele fue cuestionado por distintos países, incluido Estados Unidos, por usar su mayoría en el Congreso para destituir a magistrados de la Corte Constitucional y al Fiscal General.
En El Salvador se libró una guerra civil en el período 1980-1992 y aún hay procesos abiertos contra altos mandos militares por casos de Derechos Humanos.
