La justicia de Nicaragua declaró culpable a la líder opositora y exaspirante a la presidencia, Cristiana Chamorro, por los delitos de gestión abusiva, apropiación y retención indebida, falsedad ideológica y lavado de bienes y activos, por lo que podría recibir una pena de 13 años de prisión.
«Quieren manchar mi nombre, pero no lo van a conseguir, jamás van a conseguir manchar el nombre de mi padre, ni de mi madre, porque soy inocente», sostuvo Chamorro al finalizar el juicio, donde también fueron sentenciados su hermano, Pedro Joaquín, y tres ex trabajadores de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCH).
«Declararon culpables a todos. El 21 de marzo leen la sentencia», reveló Olama Hurtado, sobrina de Chamorro.
En el momento de la detención Cristina Chamorro, de 68 años, se perfilaba como favorita en las encuestas para enfrentar a Daniel Ortega en los comicios de noviembre del año pasado, elecciones en los que el presidente logró su cuarto mandato y que fueron cuestionados por la oposición y gran parte de la comunidad internacional.
Chamorro, hija de la expresidente Violeta Barrios de Chamorro (1990-1997), está bajo arresto domiciliario desde el 2 de junio de 2021.
La fiscalía pidió una pena de hasta 13 años para Chamorro y los trabajadores de la FVBCH, Walter Gómez y Marcos Fletes, encontrados culpables de gestión abusiva, apropiación y retención indebida, falsedad ideológica y lavado de bienes y activos.
En tanto, solicitó una condena de hasta 9 años para el hermano de Chamorro, Pedro Joaquín, al que le eximieron del cargo de lavado de bienes y activos.
También pidió una pena de 7 años para su chofer Pedro Vásquez como «colaborador necesario» en el delito de lavado de dinero.
La sentencia se dictó tras un juicio de siete días, sin acceso a la prensa ni al público, celebrado en la cárcel de la Dirección de Auxilio Judicial de la policía en Managua, conocida como El Chipote.
En la mira de Ortega
Chamorro, periodista de profesión, fue una de los siete exaspirantes a la presidencia que fueron detenidos el año pasado, junto a 39 opositores, en la antesala de las elecciones del 7 de noviembre.
De hecho, era la que más posibilidades tenía de derrotar a Ortega, quien finalmente se alzó con el triunfo.
Ortega, un ex guerrillero de 76 años, está en el poder desde 2007. Su reciente mandato -el cuarto consecutivo- fue cuestionado por la comunidad internacional, entre ellos la Organización de Estados Americanos (OEA), Estados Unidos y la Unión Europea (UE), por considerar que las elecciones nicaragüenses no fueron democráticas.
Desde que iniciaron los juicios el 1 de febrero, de los 46 opositores detenidos el año pasado al menos 31 recibieron condenas de entre 8 y 13 años de prisión, la mayoría por «menoscabar la integridad nacional» y «difundir noticias falsas».
Los opositores son juzgados al amparo de una ley de Defensa de la Soberanía, aprobada en 2020 por el Congreso que controla el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN).
La norma castiga a quienes promueven actos que atentan contra la integridad nacional, apoyan sanciones y la injerencia extranjera.
