Chile se encuentra ante un desafío crucial: reactivar su economía y atender las preocupaciones de sus ciudadanos sobre el desempleo y el aumento del costo de la vida. Un estudio reciente revela que el 76% de los chilenos cree que la inflación seguirá aumentando en 2025, mientras que el 53% teme un alza en el desempleo. En este contexto, los proyectos de inversión, particularmente en el sector minero, surgen como una oportunidad vital para revitalizar la economía y generar empleos de calidad.
Históricamente, la minería ha sido uno de los pilares de la economía chilena, contribuyendo significativamente al Producto Interno Bruto (PIB) y al financiamiento de programas sociales. Sin embargo, el sector enfrenta retos importantes debido a la denominada “permisología”, caracterizada por una excesiva burocracia y el prolongado proceso de obtención de permisos. Este fenómeno ha llevado a que, a finales de agosto de 2024, la Sociedad Nacional de Minería reportara US$10.000 millones en proyectos paralizados por estos trámites.
A pesar de estos desafíos, el sector cuenta con un importante potencial de crecimiento. Según Joaquín Villarino, vocero del Consejo Minero, hay proyectos en ejecución por casi US$24.000 millones y otros en evaluación por cerca de US$45.000 millones. “Si continuamos al ritmo que estamos, no vamos a poder incrementar la producción. Chile podría estar produciendo siete millones de toneladas, hay una cartera de proyectos de más de US$40.000 millones… hay inversionistas que le creen a Chile. Hay capital humano. Hay recursos, hay infraestructura”, destacó Villarino.
Iniciativas destacadas en el sector minero
Geográficamente, gran parte de los prospectos se encuentra en la zona norte del país, alcanzando una concentración del 91% en las primeras cinco regiones, donde Atacama lidera con 100 prospectos, seguido por Antofagasta que posee 50 y Coquimbo con 30 prospectos.
Un ejemplo significativo de este dinamismo es la iniciativa de prospección minera “El Alto”, anunciado recientemente por Barrick Chile en la Región de Atacama. Con una inversión inicial de US$35 millones y la generación de 75 empleos directos por temporada, busca explorar nuevas oportunidades en la región.
Juan José Ronsecco, presidente de la Corporación para el Desarrollo de la Región de Atacama (CORPROA), celebró el anuncio: “Nos entusiasma este anuncio de Barrick Chile, ya que implica apostar por la Provincia de Huasco y su gente, reactivando inversiones con una campaña de sondaje que impacta directamente en la empleabilidad de la zona. Por otra parte, significa que Barrick está haciendo las cosas bien, de manera responsable, anticipando el diálogo en un territorio en donde ya se encuentra inserto hace años”.
A esta iniciativa se suman otros proyectos significativos, como los anunciados por BHP, por Antofagasta Minerals y por Freeport y Codelco para expandir El Abra.
La inversión como motor del crecimiento económico
Durante la última década, Chile ha experimentado un crecimiento económico promedio del 2%, inferior al promedio mundial de 2,6%, según el Banco Mundial. La falta de dinamismo en las inversiones se ha identificado como una de las principales causas de este estancamiento. Para revertir esta situación, es imprescindible agilizar los procesos administrativos y ofrecer un marco normativo que fomente la inversión responsable. El sector minero, con su capacidad de generar riqueza y encadenamientos productivos, puede ser el catalizador que impulse a Chile hacia un crecimiento más inclusivo y sostenible.
Proyectos como “El Alto” no solo representan una oportunidad económica, sino también una respuesta concreta a las demandas sociales de empleos de calidad y estabilidad económica. Esto es especialmente relevante en regiones como Atacama, que enfrenta una de las mayores tasas de desocupación del país, solo superada por Ñuble y Araucanía.
Dinamizar nuevos proyectos: una necesidad urgente
La cartera chilena de proyectos mineros para el quinquenio 2025-2030 asciende a US$60.000 millones, según la base de datos de BNamericas. Sin embargo, la concreción de estas inversiones depende de la capacidad del Estado para simplificar el sistema de otorgamiento de permisos.
Actualmente, dos proyectos de ley buscan abordar esta problemática. El primero propone reducir en hasta un 70% los tiempos de tramitación de los permisos sectoriales. Tras su aprobación en la Cámara de Diputados en octubre, está sujeto a un segundo trámite constitucional en el Senado. El segundo, conocido como Evaluación Ambiental 2.0, busca reformar la Ley 19.300 y modernizar los mecanismos de evaluación ambiental del regulador SEA.
En un momento en que Chile enfrenta importantes desafíos económicos, apostar por nuevos proyectos de inversión, con un enfoque particular en la minería, es una estrategia viable y una necesidad urgente. Con el compromiso de empresas responsables y el respaldo de políticas públicas efectivas, el país tiene la oportunidad de avanzar hacia un futuro más próspero y equitativo para todos.
