Si bien América Latina y el Caribe (ALC) salen poco a poco de la crisis del Covid-19, la recuperación es más lenta de lo esperado, y las secuelas que dejó en la economía y la sociedad tardarán años en desaparecer, por lo que es una «década perdida», advirtió hoy William Maloney, economista jefe para la región del Banco Mundial (BM), en su informe semestral dado a conocer en Washington, en el marco previo de la cumbre anual del organismo multilateral y el FMI que se realizará la próxima semana.
El organismo pronosticó que el crecimiento en la región sería este año de 6,3%, 2,8% en 2022 y 2,6% en 2023.
«La recuperación económica de América Latina y el Caribe es más acelerada de lo que se preveía a principios de año, pero más débil de lo que vaticinaban los vientos de cola favorables. Las previsiones de crecimiento para 2021 se han actualizado durante el verano (boreal) y se espera que el crecimiento regional se sitúe en el 6,3 % en 2021, con lo que prácticamente se recuperarían las pérdidas del 6,7 % de 2020», estimó el economista jefe para América Latina y el Caribe del Banco Mundial.
Y agregó: «Ahora más que nunca, es necesario recuperar un crecimiento dinámico, inclusivo y sostenible para reparar tanto el legado de la pandemia como necesidades sociales persistentes. Cada vez es más evidente la urgencia de abordar agendas políticas desatendidas durante mucho tiempo que frenan el crecimiento en la región».
«Los costos sociales de la pandemia han sido abrumadores. Las tasas de pobreza de 5,5 USD/día, sin incluir Brasil, aumentaron del 24% al 26,7%, lo que supone el nivel más alto en décadas; las y los estudiantes perdieron entre uno y un año y medio de educación; y el retroceso experimentado por el Índice de Desarrollo Humano (IDH) de la ONU sobrepasó al de la crisis financiera mundial», detalló.
Y continuó: «Si las presiones inflacionarias mundiales no son temporales, las tasas de interés mundiales aumentarán y deprimirán la demanda y dificultarán la gestión presupuestaria».
«En muchos países entre el 40% y el 60% de las empresas han incurrido en mora a causa de las caídas en los ingresos provocadas por la pandemia. En el mejor de los casos, esta sobrecarga frenará la inversión y, en el peor, creará empresas ´zombis´ que, si bien son insolventes, siguen operando», aseveró.
Maloney se mostró preocupado por «el aumento de los déficits presupuestarios ya que la disminución de los ingresos de las Administraciones públicas y los extraordinarios esfuerzos para proteger a las familias y a las empresas durante la pandemia del Covid-19 han conducido a elevados déficits y un aumento de la deuda. La ratio deuda pública/PIB promedio ha aumentado drásticamente en dos años, en 15 puntos, hasta alcanzar el 75,38 %, lo que ha reducido la capacidad de obtener préstamos en el extranjero y ha dificultado la gestión fiscal de cara al futuro».
«No se trata de recortar el gasto de forma generalizada, sino que significa hacer un mejor uso de los recursos existentes. La contratación pública de bienes, servicios y bienes de capital representa, por término medio, el 30 % del gasto y es, con frecuencia, una fuente de despilfarro, mala gestión y, en algunos casos, corrupción. El gasto ineficiente debido a sobornos y presupuestos inflados parece ser enorme: alrededor del 26 % sobre el costo de los proyectos», finalizó.
