El presidente de Perú, Pedro Castillo, instó al Congreso a trabajar de manera conjunta para aprobar una ley sobre la «estatización o nacionalización» del yacimiento de gas de Camisea, el más importante del país y uno de las más representativos de América Latina, en momentos en que su Gobierno busca renegociar el contrato sobre la explotación de este recurso con un consorcio liderado por Pluspetrol.
«Acabo de firmar el decreto supremo sobre la recuperación del gas y desde acá instamos al Congreso para que de una vez por todas saquemos, hagamos una ley conjunta con el Congreso de la República sobre la estatización o la nacionalización del gas de Camisea para darle a todos los peruanos», afirmó.
El anuncio de Castillo, que llegó al poder con el partido Perú Libre -de tendencia marxista pero que moderó su retórica para ganar las elecciones-, difiere de su discurso inicial cuando asumió el mandato a fines de julio. «No pretendemos ni remotamente estatizar ninguna economía», sostuvo en ese momento.
Según la Constitución de Perú, las empresas privadas solo pueden nacionalizarse con la aprobación del Congreso. El fragmentado parlamento actual, dominado por la oposición, se inclina hacia la derecha y es poco probable que una coalición de legisladores apoye la nacionalización del sector del gas.
Pluspetrol, que tiene como socios menores al conglomerado surcoreano SK Group, la estadounidense Hunt Oil y la española Repsol SA, explota el yacimiento de gas natural de Camisea, cuyo combustible genera casi la mitad de la energía eléctrica del país, mientras que el resto es exportado.
«Es necesario darles a los peruanos lo que el pueblo produce», enfatizó Castillo durante un discurso en la región norteña de Cajamarca y transmitido por la televisora estatal TV Perú.
El gas natural de Camisea es licuado por otro consorcio llamado Peru LNG, que incluye a Royal Dutch Shell, la japonesa Marubeni Corp, SK Group y Hunt Oil.
