El presidente de Perú, el izquierdista Pedro Castillo, tiene un nivel desaprobación del 60%, a casi seis meses del inicio de su gobierno, según una encuesta realizada por la firma Ipsos.
«La desaprobación es la más alta registrada desde que asumió el cargo», indicó en su cuenta de Twitter Ipsos, responsable del sondeo sobre la gestión pública del mandatario, quien llegó a la presidencia el 28 de julio de 2021 por un período de cinco años.
En octubre, el presidente tenía el 48% de desaprobación; en noviembre, el 57%; y en diciembre, el 58%, según la encuesta.
El rechazo a Castillo, un maestro rural sindicalista, es mayor en Lima (79%) que en el resto del país (49%).
Por otro lado, el porcentaje de aprobación es de 33%, mientras que el 7% de los encuestados evitó o no quiso evaluar la labor presidencial.
Castillo, de 52 años, ganó en junio pasado las elecciones con el 50,12% de los votos al frente de un pequeño partido de corte marxista-leninista, en un reñido balotaje contra la derechista Keiko Fujimori.
El polarizado Perú frente a un nuevo proceso electoral
Perú, aún herido por los tensos y singularmente polarizados comicios generales del año pasado, volverá a las urnas este año, para elegir a los 24 gobernadores de departamentos, los 195 alcaldes de provincias y los 1.845 alcaldes de distritos.
«Serán unas elecciones distintas (a las generales) porque no habrá disputas ideológicas izquierda-derecha o de visiones de mercado, sino disputas por intereses locales de la mano con una enorme corrupción», sostuvo el politólogo Alonso Cárdenas, de la universidad jesuita Antonio Ruiz de Montoya.
«Si en los comicios generales se evidencian la improvisación y precariedad de los partidos, en las elecciones regionales -en las que hay gran protagonismo de movimientos locales- la improvisación y precariedad son incluso mayores”, agregó.
La nueva cita electoral, convocada para el 7 de octubre, apenas empieza a ganar presencia en la opinión pública, en medio del ruido político derivado de las presidenciales del año pasado, de las que surgió el Gobierno de izquierda de Castillo, atacado sin cesar desde el Congreso por tres partidos de derecha y sus eventuales aliados.
La segunda vuelta, que enfrentó a Castillo con la conservadora Fujimori, a la que venció por menos de 0,2 puntos porcentuales, dejó un país dividido geográfica e ideológicamente: Lima y la costa norte votaron en masa por la derecha, mientras que los departamentos de los Andes lo hicieron por la izquierda y revirtieron el resultado total.
Transcurridos poco menos de seis meses, los dos bloques están lejos de deponer posiciones: lo que busca la derecha, según lo hicieron explícito sus voceros, es destituir a Castillo mediante la figura de la «vacancia», algo a lo que, coinciden analistas, ayuda el propio mandatario con «errores no forzados».
El resultado: una crónica incertidumbre, en la que los expertos no se atreven a asegurar al menos si el Gobierno y el Congreso, elegidos hasta 2026, terminarán 2022 en funciones.
Para Cárdenas, sin embargo, no debe esperarse que en las elecciones regionales se repita el panorama de división por geografía. No necesariamente habrá una costa de derecha y una sierra de izquierda, pues entrarán en juego otros factores, como el caudillismo, la irrupción de movimientos al margen de los partidos y la confluencia de intereses que incluyen a la corrupción.
La debilidad de los partidos peruanos de cualquier tendencia dejó libre el camino a movimientos que, según Cárdenas, son tan precarios que en su gran mayoría no sobreviven siquiera a más de un proceso electoral, pero muchas veces se quedan con gobernaciones y alcaldías.
En medio del desorden político y con «estímulos» como la administración de montos importantes de regalías dejados por las industrias extractivas, esos grupos ven a los departamentos, provincias y distritos como un gran botín.
Varios gobernadores presos
En diciembre, la Policía capturó al gobernador del departamento selvático de Ucayali, Francisco Pezo, acusado por la Fiscalía de liderar una organización criminal desde su despacho.
Había huido al estilo película de acción a través de una salida secreta de su oficina, pero se fracturó una pierna y no pudo llegar lejos.
No es un caso aislado: de los gobernadores elegidos en el actual período o los dos anteriores, 10 están en la cárcel, dos en arresto domiciliario, uno prófugo, cinco con sentencias de prisión suspendida (libres, pero bajo reglas de conductas) y 25 enfrentan procesos.
En la lista hay dirigentes de todas las tendencias. Entre los de prisión suspendida, por ejemplo, está el fundador y máximo líder del partido oficialista Perú Libre, Vladimir Cerrón, condenado por hechos ocurridos cuando era gobernador de Junín.
Entre los alcaldes, el ex de Lima, Luis Castañeda, connotado líder conservador y protagonista de uno de los más casos más emblemáticos de presunta corrupción, murió esta semana sin enfrentar a los tribunales. El proceso estaba suspendido por sus problemas de salud.
También decenas de alcaldes o ex alcaldes provinciales o distritales, lo que incluye a la ex burgomaestre de Lima, Susana Villarán, están presos, en prisión suspendida o en plenos procesos por diversos motivos.
