El presidente español, Pedro Sánchez, aseguró que acatará las decisiones que los tribunales italianos adopten sobre la situación del ex mandatario del Gobierno de Cataluña y actual eurodiputado, Carles Puigdemont, quien fue detenido ayer en la isla de Cerdeña y liberado hoy, aunque con la orden de retornar en 10 días para una audiencia que definirá si será extraditado a España.
«En primer lugar respeto a los procedimientos judiciales que se abran en España o en Europa, (…) y también, respeto y acatamiento a las decisiones judiciales que se puedan tomar en Italia», sostuvo Sánchez en La Palma, donde se encuentra para atender la emergencia por la erupción del volcán Cumbre Vieja que afecta a la isla canaria desde el pasado domingo.
Después de esa aclaración, el presidente español defendió que Puigdemont «tiene que comparecer y someterse ante la justicia tras una huida que dura ya cuatro años, desde que abandonara España en 2017» luego del referendo de autodeterminación unilateral convocado por su Gobierno.
Sánchez recordó que entonces había otro Gobierno al frente de España, pero destacó que desde su llegada a La Moncloa en 2018 siempre defendió la independencia de los jueces a la hora de afrontar las causas abiertas contra los líderes independentistas.
No obstante, en el plano político, Sánchez volvió a defender la necesidad de mantener abiertas las vías de diálogo con el Gobierno de Cataluña para buscar salidas al conflicto.
El mandatario subrayó asimismo la necesidad de «reivindicar el diálogo, porque es la única vía para reencontrarse entre los catalanes que piensan de distinta manera, pero también entre los catalanes y el resto de compatriotas que vivimos en otras partes de España».
Sánchez dijo que busca trasladar un mensaje «de compromiso y de reivindicación, hoy si cabe más aún, del diálogo entre las distintas administraciones para que los catalanes puedan superar el trauma que representó el año 2017».
El arresto en Cerdeña de Puigdemont se produjo en virtud de una euroorden dictada por el Tribunal Supremo en 2019, tras la condena por delitos de sedición, malversación y desobediencia a los responsables del referendo de 2017 que no huyeron de España.
La detención y posterior liberación, aunque con prohibición de salida de Italia, llega después de que el Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) retirara la inmunidad de Puigdemont como eurodiputado en un fallo emitido el pasado 30 de julio, una decisión tomada sobre la base de que el líder independentista no puede ser arrestado en estos momentos por su situación procesal.
Según esa decisión, la euroorden en su contra no se puede ejecutar hasta que la justicia europea resuelva la cuestión prejudicial que el Tribunal Supremo planteó sobre los procedimientos de extradición de los líderes independentistas después de que Bélgica rechazara la entrega a España de un antiguo integrante del Gobierno de Puigdemont.
En base a la decisión del TGUE, la defensa de Puigdemont afirmó hoy que su detención era ilegal porque la euroorden se encuentra paralizada por «imperativo legal», mientras que el Gobierno de España enmarcó su arresto como una parte más de «un procedimiento judicial en curso».
El fallo sostiene que Puigdemont deberá volver a Cerdeña el 4 de octubre, fecha en que se celebrará la primera audiencia sobre su eventual extradición a España.
