El Tribunal Constitucional (TC) de Perú devolvió la vigencia del indulto de 2017 a favor del ex presidente, Alberto Fujimori, condenado a 25 años de cárcel por dos masacres bajo su gestión, por lo que ex mandatario quedaría libre, lo que generó manifestaciones de rechazo y quejas desde el gobierno, que anunció que recurrirá a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para anular la sentencia.
#Perú🇵🇪 #CIDH manifiesta profunda preocupación por la decisión del @TC_Peru que ordena la libertad de Alberto Fujimori. Afecta el derecho a la justicia de las víctimas y obstaculiza el cumplimiento de obligaciones internacionales de @CorteIDH en los casos Cantuta y Barrios Altos. pic.twitter.com/W3fPZk3och
— CIDH – IACHR (@CIDH) March 18, 2022
La Justicia declaró «fundado» el recurso de la defensa de Fujimori contra la sentencia que anuló el indulto humanitario que en diciembre de 2017 le concedió el entonces mandatario Pedro Pablo Kuczynski, como parte de un acuerdo legislativo para evitar ser destituido del cargo.
«La crisis institucional a la cual me referí en mi mensaje al Congreso (del martes) se refleja en la última decisión del Tribunal Constitucional; los órganos de justicia internacional a los que el Perú está adscrito y el estado de derecho deberán cautelar el ejercicio efectivo de la justicia para el pueblo», escribió en su cuenta de la red Twitter el presidente Pedro Castillo.
Según la estatal agencia Andina y el diario La República, los seis integrantes del TC votaron divididos en tres, y el magistrado Augusto Ferrero -titular del cuerpo- usó su voto de desempate a favor del ex mandatario, de 83 años, quien cumple una condena de 25 años de cárcel por los crímenes de La Cantuta y Barrios Altos.
El hábeas corpus había sido interpuesto por el abogado Gregorio Parco Alarcón contra la resolución de la Corte Suprema de dejar sin efecto el beneficio de la Navidad de 2017, que, según la prensa, fue producto de un acuerdo entre Kuczynski y Kenji Fujimori, uno de los hijos del ex presidente y entonces miembro del Congreso unicameral.
El indulto se anuló hace cuatro años
El indulto había sido anulado en octubre del 2018, por decisión de la Corte que, además, pidió su captura inmediata y posterior encarcelamiento.
La Corte argumentó por aquel entonces que las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta tenían resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y no se adecuaban a las condiciones de un indulto humanitario porque se trataba de crímenes de lesa humanidad.
Familiares de las víctimas presentaron una solicitud para que la Corte IDH adoptara «medidas provisionales para que el TC no validara el indulto».
El documento fue enviado por las varias organizaciones defensoras de los derechos humanos que los representan, entre ellos CEJIL, la Coordinadora de Derechos Humanos Aprodeh, IDL, Comisedh y Fedepaz.
A las 50 personas que festejaron el fallo al mediodía en las a las puertas del TC con banderas, remeras y carteles, se opusieron por la tarde varios centenares que expresaron su rechazo en la plaza San Martín, del centro de Lima, convocados por redes. Hubo manifestaciones similares en Cajamarca, Cusco y Tacna.
Antes de que se conociera la decisión del Tribunal, el ministro de Defensa, José Luis Gavidia, afirmó que el Gobierno «no había analizado la cuestión».
«Para nada, nosotros no hemos discutido para nada este tema; vamos a esperar los resultados del Tribunal Constitucional y a partir de eso podremos reunirnos y tomar una posición frente a esto; es un tema que está en proceso y no hemos tocado el tema para nada», sostuvo Gavidia.
El abogado César Nakazaki, también defensor de Fujimori, consideró que estaban «dadas las condiciones para reponer los efectos del beneficio».
«La Corte IDH fue muy clara: hay que revisar si existe la enfermedad, hay que revisar en la vía del amparo; si no hay enfermedad, no debe haber indulto; si hay, tiene que haber indulto», agregó.
Fujimori sufre dolencias que motivaron varias internaciones
La salud del ex presidente es delicada, ya que recurrentemente padece problemas respiratorios y neurológicos (parálisis facial) e hipertensión.
Su última internación fue el 3 de marzo pasado, en coincidencia con el inicio de un nuevo juicio en su contra, esta vez por las esterilizaciones forzadas a miles de mujeres entre 1996 y 2001.
En esa causa, Fujimori y los ex ministros Eduardo Young, Marino Costa y Alejandro Aguinaga están imputados como presuntos autores de «la comisión del delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves seguidas de muerte en un contexto grave de violación de derechos humanos».
Justamente la Asociación de Mujeres Peruanas Afectadas por las Esterilizaciones Forzadas (Ampaef) fue una de las primeras organizaciones en cuestionar el fallo.
«Para nosotras este indulto es ilegal, impunidad total. Fujimori es responsable de las esterilizaciones forzadas, crimen de lesa humanidad», expresó en un tuit.
El gobierno anunció que recurrirá a la Corte IDH para dejar sin efecto el indulto. «Estamos coordinando acciones, por eso está un equipo de abogados con la finalidad de esperar, primero, la notificación oficial y formal de parte del TC y luego asumir las acciones que correspondan», afirmó el viceministro de Justicia, Juan Carrasco, en conferencia de prensa.
«Esto significará acudir a las vías internacionales, a la Corte IDH y, a través de estos medios, lograr revertir este fallo del TC», añadió, según la agencia Sputnik.
Más temprano, el ex titular del Consejo de Ministros y ahora congresista Guido Bellido lamentó que los Fujimori «sigan burlándose del pueblo. Atropellan las instituciones y las leyes a su antojo», aseveró.
La vicepresidente Dina Boluarte, por su parte, reclamó «una justicia que no permita casos de impunidad, cuyas decisiones no sean parte de negociaciones políticas».
Desde el Congreso, Sigrid Bazán, de Juntos por el Perú, alertó que el TC «sienta un inaceptable y peligroso precedente».
A la queja se sumó Amnistía Internacional: «AI rechaza fallo del Tribunal Constitucional que restablece indulto humanitario a exmandatario Alberto Fujimori y se solidariza con las víctimas y sus familiares en su búsqueda de justicia y reparación», manifestó.
Voces a favor
En contraposición, Jorge Montoya, de la bancada de Renovación Popular, respaldó el fallo. «Comparto su decisión, y reafirmo mi respaldo de su indulto por principios humanitarios», remarcó.
La noticia fue celebrada por la familia de Fujimori. «Hemos recibido esta gran noticia con sorpresa», confesó Keiko Fujimori, hija mayor del ex mandatario y líder del partido Fuerza Popular, que reivindica su ideario populista de derecha.
«Mi padre es un hombre mayor y enfermo, tiene fibrilación auricular y fibrosis pulmonar, lo que estamos haciendo la familia es coordinar para ver dónde se va a quedar a vivir cuando recupere su libertad», conckuyó Keiko en declaraciones a periodistas en su domicilio, según la agencia AFP.
