El juez Víctor Zúñiga programó para mañana a las 10 una nueva audiencia de control de acusación contra Keiko Fujimori, ex candidata a la presidencia de Perú por el partido Fuerza Popular, por el presunto delito de lavado de activos entre 2011 y 2016, según la denuncia que entregó el fiscal José Domingo Pérez y por la que comparecerá ante la Justicia a principios del 2023, en el marco del «Caso Cócteles».
El Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional Permanente Especializado en Crimen Organizado tiene previsto continuar con el informe oral del Ministerio Público sobre este caso, que también involucra a Mark Vito, Jaime Yoshiyama, Pier Figari, entre otros.
En la última sesión del viernes 27 de mayo, el fiscal José Domingo Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, relató su informe sobre el caso en la audiencia de control de requerimiento mixto del mismo proceso que se le sigue a la ex candidata presidencial.
En audiencias anteriores, el representante de la Fiscalía, presentó las subsanaciones a la acusación y un documento que comprende 2.384 folios presentados en 12 tomos, que incluyen datos como fechas y horas exactas, montos, registros de salidas de dinero e identidad de quienes se presentaron en nombre ella.
En estos documentos, a los que tuvo acceso el diario peruano La República, se precisa el momento y la hora concreta, así como los varios representantes de Fujimori que retiraron el dinero en efectivo entregado por las empresas Sudamericana de Fibras y Credicorp para financiar las campañas de 2011 y 2016.
En el caso de Sudamericana de Fibras, el informe de la Fiscalía detalla que el 20 de febrero del 2013, la misma Keiko Fujimori se personó para llevarse 50.000 dólares en efectivo, mientras que entre el 22 de setiembre de 2010 y el 3 de junio de 2011 -cuando era congresista-, acudió para hacerse de otros 3.600.000 de dólares.
A esta misma compañía del empresario Juan Rassmuss Echecopar, el ex ministro de Transportes en el gobierno de Alberto Fujimori, Augusto Bedoya Cámere, habría acudido hasta once veces a sus instalaciones para recibir algo más de 2.000.000 de dólares, de los 7.600.000 de dólares que esta empresa dio para la campaña.
Por su parte, el esposo de Keiko, Mark Vito Villanela, habría recibido 160.000 dólares, mientras que el considerado «brazo derecho» de la líder de Fuerza Popular, Pier Figari Mendoza, figura hasta catorce veces en las oficinas de esta compañía en Callao para recoger un total de 745.000 dólares.
En el caso de Credicorp, su principal representante, Dionisio Romero Paoletti, quien confirmó en su momento haber destinado 3.600.000 de dólares para las campaña de Fujimori de 2011, supuestamente facilitó información documental sobre otra entrega de 480.000 dólares para Fujimori en 2016 en cinco tandas distintas.
En tanto, el presidente de la Corte Superior Nacional de Justicia Penal Especializada (CSN), César Sahuanay Calsin, estimó que el Cuarto Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional concluirá el control de acusación de este caso en agosto próximo.
Estas declaraciones las brindó a Justicia TV, durante la Jornada Judicial Extraordinaria de descarga procesal, denominada «Descargatón Judicial», que realiza en la referida Corte Superior.
Como se recuerda, Domingo Pérez argumentó que el robo de la laptop de la fiscal adjunta Paulina Roque, la cual tenía información relevante del caso contra Keiko Fujimori, el último 1 de abril, no les permitió cumplir con el plazo por lo que solicitó más tiempo para subsanar, corregir y precisar algunas imputaciones de la acusación que presentó en el 2021.
¿Qué investiga el «Caso Cócteles»?
El partido Fuerza Popular organizaba los denominados «cócteles» con el objetivo de recaudar dinero a fin de solventar los gastos de la campaña presidencial de Keiko Fujimori.
Para asistir a estas reuniones, los invitados adquirían tarjetas con precios que oscilaban entre los 250, 350 y 500 dólares.
Para la campaña del 2016, el partido naranja organizó seis de estas actividades, y recolectó 4.606.218 soles, según informó Fuerza Popular.
Un reporte de la Fiscalía de Lavado de Activos del 2018, consignó que el partido fujimorista «solo pudo justificar el 33% de todo el dinero recolectado a través de la relación de las personas que adquirieron las tarjetas de las actividades proselitistas que se desarrollaron el 16 de febrero y el 29 de marzo de 2016».
El caso fue derivado al fiscal Pérez, del Equipo Especial Lava Jato, quien acusó a Fujimori de liderar una organización criminal, que tuvo como objetivo la captación de aportes irregulares, por el cual solicitó 30 años y 10 meses de prisión para siete implicados.
Entre ellos, están Keiko Fujimori y los integrantes de la cúpula de Fuerza Popular, Vicente Silva Checa, Pier Figari, Ana Herz, Jaime Yoshiyama, Adriana Tarazona y José Chlimper.
