El presidente de Perú, Pedro Castillo, no tiene respiro: la Comisión de Fiscalización del Congreso en su informe final, que será debatido en el Pleno del Parlamento, recomendó acusarlo constitucionalmente por los supuestos delitos de organización criminal, negociación incompatible y aprovechamiento indebido del cargo, en el marco del caso del Puente Tarata; y su partido, Perú Libre (PL) le pidió que renuncie a su afiliación por no cumplir con sus promesas electorales.
El grupo de trabajo encabezado por el congresista Héctor Ventura sugirió «acusar constitucionalmente a Castillo por haber mantenido reuniones en la casa del pasaje Sarratea ubicada en Breña sin que estas sean transparentadas hasta el momento»
En tanto, el abogado del mandatario, Benji Espinoza, manifestó: «Castillo no puede ser acusado constitucionalmente porque hay que leer el dispositivo del artículo 97 de la Constitución con el 117. El presidente no puede ser investigado ni en el fuero judicial, ni en el fueron fiscal, ni en el fuero parlamentario, distinto a los casos previstos en el 117 que regula la traición a la patria como delito y tres infracciones constitucionales».
Asimismo, el desaire de Castillo a los integrantes de la Comisión de Fiscalización le traería graves consecuencias, ya que habría violado el artículo 97 de la Carta Magna al no brindar su testimonio.
«Hay un artículo que dice que comparecer es obligatorio y para todos. Inclusive permite que se le pida a un juez que si tú no vas, ordene que te conduzca la Policía. Y sobre eso no está exonerado nadie», señaló el constitucionalista Omar Cairo.
Y continuó: «Lo ocurrido es sancionable mediante el juicio político, es decir, mediante el procedimiento que consiste en que la Comisión permanente lo acuse ante el pleno para que decidan si sancionan esta infracción con la suspensión, destitución o con destitución e inhabilitación».
«Esta es una infracción constitucional que establece su sanción o absolución, dependiendo de si el Congreso no lo considere infracción, en un juicio político, que es un procedimiento regulado en los artículos 99 y 100, mientras que la vacancia está regulada en el 113», sentenció Cairo.
Además el grupo de trabajo encabezado por el congresista Héctor Ventura estableció que Castillo; el secretario de presidencia, Bruno Pacheco; el ex ministro Juan Silva; y los empresarios Zamir Villaverde y Karelim López «estuvieron relacionados para coordinar los direccionamientos de los resultados en las licitaciones del MTC».
El documento escrito por los parlamentarios indica además que los empresarios que integraron el Consorcio Puente Tarata III le habrían entregado dinero al jefe de Estado a través de Karelim López y que la empresa Tapusa también lo hizo con el entonces ministro de Transportes Juan Silva por intermedio de Zamir Villaverde.
Asimismo, concluyó que Pedro Castillo y Juan Silva «ejercían control sobre algunos funcionarios como Alcides Villafuerte, ex gerente de Obras de Provías Descentralizado; los integrantes del comité de selección de la obra Puente Tarata, Víctor Efrén Valdivia y Edgar Vargas; el asesor de Silva, Juan Altamirano Sánchez y Hugo Trece, Jefe de la Subdirección de Conservación de Provías Nacional».
Por ende, «La Comisión de Fiscalización y Contraloría propone a la Comisión Permanente del Congreso de la República que al amparo de los artículos 99 y 100 de la Constitución Política del Perú y conforme a lo que establece el inciso ‘g’ del artículo 89 del Reglamento del Congreso formule Acusación Constitucional ante el Pleno del Congreso contra el exministro de Transportes y Comunicaciones Juan Francisco Silva Villegas, por la presunta comisión del delito de organización criminal tipificado en el artículo 317, Colusión tipificado en el artículo 399 del Código Penal».
El informe final será presentado y debatido mañana, jueves 30 de junio, en el Pleno del Congreso.
Perú Libre lo quiere fuera del Partido
El PL, el partido del presidente peruano, Pedro Castillo, le pidió que renuncie a su afiliación, tras acusarlo de quebrantar la unidad partidaria y de aplicar una política neoliberal y no de izquierda como prometió en campaña.
En un comunicado, el partido expresó: «El Consejo Ejecutivo Nacional, la Bancada Perú Libre y la Comisión Política del Partido Perú Libre le extienden la invitación a su renuncia irrevocable, considerando su actual investidura de Presidente constitucional de la República».
Según agregó la nota, «Castillo promovió el quebrantamiento de la unidad partidaria» tanto en el Congreso como dentro del partido, creando dos partidos políticos paralelos dentro del seno partidario», informó la agencia de noticias Europa Press.
«También es necesario resaltar que las políticas emprendidas por su Gobierno no guardan consecuencia con lo prometido en campaña electoral y menos con el programa e ideario del partido, implementando el programa neoliberal perdedor», subrayó.
El PL aseguró que seguirá «luchando por la conquista de sus legítimas aspiraciones para lograr un país democrático, descentralista, inclusivo, internacionalista, humanista e íntegramente soberano».
Esta no es la primera vez que la formación, liderada por el ex gobernador Vladímir Cerrón, sufre diferencias internas.
En enero de 2022, la Secretaría General decidió expulsar de sus filas a la vicepresidente del país, Dina Boluarte, por indisciplina tras unas declaraciones en la que se desmarcaba del ideario del partido.
Tres meses más tarde, Cerrón -una de las voces más críticas con Castillo dentro de Perú Libre- presentó una reforma constitucional para adelantar las elecciones presidenciales y parlamentarias a finales de marzo de 2023, una iniciativa que causó diferencias entre sus distintos miembros.
El distanciamiento de Castillo del PL es de larga data. En octubre pasado, el mandatario rearmó su Gobierno reforzando el ala más moderada del Gabinete y alejándose de Cerrón, lo que fue considerado una traición por el partido.
Cerrón, de formación marxista, no pudo presentarse a las elecciones por tener una condena vigente por corrupción durante su gestión como Gobernador de la región andina de Junín.
Esto dio lugar a la candidatura de Castillo, líder sindical docente que fue invitado por Perú Libre a ser su cabeza de fórmula.
