El Ministerio de Relaciones Exteriores de Perú informó que suscribió un acuerdo con Estados Unidos para repatriar el dinero confiscado al expresidente Alejandro Toledo (2001-2006), que asciende a 685.505 dólares, en el marco de la causa por coimas de Odebrecht.
Según precisó la Cancillería, el acuerdo lo firmó el 11 de febrero el titular de la cartera, César Landa, y el documento será enviado el 14 del mismo mes para la firma de las autoridades norteamericanas y su consecuente entrada en vigor.
El exmandatario está procesado por supuestos delitos de lavado de activos, colusión y tráfico de influencias por presuntamente haber recibido 35 millones de dólares en coimas de Odebrecht, a cambio de favorecer a la empresa constructora en sus negocios en Perú, cuando aún era presidente del país.
Por este caso, la Fiscalía solicitó 20 años y 6 meses de cárcel contra Toledo, quien fue detenido en 2019 en California -donde residió durante los últimos años- y estuvo 8 meses en prisión por riesgo de fuga, aunque pudo salir de la cárcel y pasar al arresto domiciliario en marzo de 2020, con el estallido de la pandemia de coronavirus.
En septiembre de 2021, la Justicia de Estados Unidos dio luz verde a la extradición del expresidente, al haber hallado pruebas suficientes que justifican esta medida, aunque la decisión final está ahora en manos del secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken.
El actual primer ministro peruano, Aníbal Torres, señaló en noviembre de 2021, cuando era ministro de Justicia, que el Gobierno de Pedro Castillo estaba a la espera de conocer la decisión del país norteamericano para que Toledo pueda ser repatriado a Perú.
Allanan oficinas del Palacio de Gobierno por investigación de corrupción
La fiscalía de Perú allanó las oficinas del Palacio de Gobierno en Lima en el marco de una investigación por presunta corrupción en contratos de la petrolera estatal Petroperú, por la que ya hay una pesquisa preliminar contra el presidente Pedro Castillo.
La «Fiscalía ejecuta el allanamiento y registro domiciliario con fines de incautación en Palacio de Gobierno y otros 14 inmuebles vinculados a la investigación por el presunto direccionamiento en la adquisición de Biodiésel B100 -a cargo de Petroperú- en favor de la empresa HPO S.A», anunció el Ministerio Público en un mensaje de Twitter.
El operativo incluyó el allanamiento simultáneo de viviendas de funcionarios de Petroperú, que según la Fiscalía «se habrían coludido y/o interesado indebidamente con el fin de favorecer a la empresa (peruana) Heaven Petroleum Operators S.A. con la adjudicación del proceso de adquisición de Biodiésel B100».
La hipótesis de la fiscalía señaló que «este hecho se habría coordinado a través de una serie de irregularidades, cuyo despliegue obedecería a presuntos acuerdos colusorios (que impiden la competencia empresarial) que se habrían gestado el 18 de octubre de 2021 en el Despacho Presidencial».
La presencia de policías y fiscales en la sede presidencial de Perú se inició en la madrugada del viernes y se extendió casi hasta el mediodía.
A principios de enero, el Ministerio Público anunció la apertura de una investigación preliminar por este caso contra el presidente Castillo por intervenir en un proceso para la adquisición de Biodiesel B100 en el mercado local para el período enero-abril 2022.
Según la fiscalía, esto se hizo «con la finalidad de que la empresa Heaven Petroleum Operator, dirigida por el empresario Samir Abudayeh, gane un contrato por la suma de 74 millones de dólares».
El Ministerio Público aclaró entonces que las actuaciones quedaban suspendidas hasta que Castillo culmine su mandato de cinco años, en 2026, puesto que el presidente cuenta con «inmunidad absoluta que trasciende el ámbito procesal penal en Perú».
Los funcionarios de Petroperú cuyos domicilios fueron allanados este viernes fueron Hugo Chávez Arévalo (gerente general de Petroperú), Muslaim Abusada Sumar, Gunther Documet Celis, Roger Liy Lion y Gregorio Sáenz Moya.
Los empresarios investigados son Karelim López Arredondo, Samir Abudayeh Giha y Carlos Siles Chehade.
López Arredondo también figura en otra investigación de la Fiscalía que involucra asimismo a Castillo, por presuntamente haber «intervenido -indebida e indirectamente-» en un proceso de licitación pública para la construcción de un puente vehicular sobre el río Huallaga, en la región de San Martín, al norte de Perú.
Renunció el viceministro de Salud y ahondó la crisis política en Perú
El viceministro de Salud Pública de Perú, Gustavo Rosell, renunció, menos de 48 horas después de que jurara como ministro de Salud Hernán Condori, cuestionado por estar investigado por corrupción y por denuncias de ejercicio ilegal de especialidades médicas y publicitar un producto no aprobado científicamente.
«Diez meses de intensa labor en medio de una nefasta pandemia, solo me queda agradecer al extraordinario equipo del Ministerio y a todos los trabajadores de salud”, escribió Rosell en sus cuentas en Facebook y Twitter.
Horas antes, el flamante jefe del gabinete, Aníbal Torres, afirmó que el presidente Pedro Castillo estaba «estudiando» la situación de Condori, a raíz de los cuestionamientos a su designación hechos por amplios sectores de oposición y de la prensa, e incluso por excolaboradores del mandatario.
«Ya el presidente está estudiando ese caso; mi opinión no sirve», remarcó Torres en la ciudad de Chiclayo.
Condori es el segundo ministro de Salud del gobierno de Castillo y reemplazó en el cargo a Hernando Cevallos, en la última reformulación de gabinete, hecha el martes pasado.
Apenas fue nombrado, se supo que Condori era investigado por la fiscalía anticorrupción de La Merced por los presuntos delitos de cobro indebido y negociación incompatible en agravio al Estado, puntualmente de la Red de Salud de Chanchamayo.
Además, está cuestionado por ejercer como ginecólogo y obstetra sin tener título habilitante, según el Colegio Médico del Perú -que pedirá la renuncia del funcionario, según anticipó el decano de la entidad, Raúl Urquizo, a la radio RPP-, y por haber publicitado la comercialización de «agua arracimada», un producto cuyos supuestos beneficios clínicos no están probados científicamente.
En tal sentido, Condori, rechazó haber ejercido malas prácticas médicas o profesionales y reclamó a colegas y medios de comunicación que le permitan trabajar en el cargo, en medio de severos cuestionamientos a su designación por denuncias pasadas de corrupción y por su escasa experiencia en el área.
«¿Por ser médico general y porque vengo de provincia no puedo ser ministro de Salud? He estado cuatro días (en la función pública). No me dejan trabajar. Déjenme trabajar y sencillamente van a ver los frutos: hechos y no palabras», afirmó Condori en pleno operativo de vacunación en el centro de Lima.
El ministro desafió a «colegas médicos y medios de prensa» que vayan a la provincia de Chanchamayo -donde ejerció- y encuentren a alguien a quien le haya recetado esos productos.
«Sáquenme una receta de esa agua o un paciente al que le haya dado esa agua. Me sacan uno, y me voy», insistió.
Su antecesor, Cevallos -que fue uno de los principales colaboradores del mandatario desde la campaña electoral-, declaró estar «preocupado» por la situación y dejó entrever la posibilidad de que Castillo no haya evaluado con severidad los antecedentes de Condori.
«Por supuesto que me preocupan (los antecedentes de Condori), y me pregunto si el análisis para seleccionar a los ministros de Estado ha sido lo suficientemente minucioso, cuidadoso, en todos los casos, porque este es un tema que se le había pedido al presidente de la República y entiendo que también el primer ministro tiene una responsabilidad en esto», comentó Cevallos.
No obstante, el exministro sostuvo que no tenía «elementos» para evaluar si el gobernante partido Perú Libre (PL) pesó en la decisión de Castillo.
Desde 2019 Condori está afiliado a PL y está considerado una figura muy próxima al líder de la fuerza, Vladimir Cerrón, quien en 2019 fue destituido como gobernador de Junín por hechos de corrupción ocurridos cuando había ocupado el mismo cargo en 2011-2014.
Los congresistas del Partido Morado presentaron una moción para citar a Condori al pleno del Congreso, con la idea de aclarar los cuestionamientos en su contra.
«Invitar al ministro de Salud, Hernán Yury Condori Machado, para que concurra ante el pleno del Congreso de la República a fin de informar y aclarar sobre los hechos y cuestionamientos de los que se dan cuenta en la presente moción de orden del día», precisó el documento firmado por Susel Paredes, Edward Málaga y Flor Pablo.
