El Salvador se convirtió en el primer país del mundo en reconocer el bitcoin como moneda legal, en medio de un fuerte escepticismo y advertencias de economistas y organismos financieros internacionales.
El Gobierno de Nayib Bukele aseguró que la medida contribuirá a la bancarización de la población y evitará una pérdida de 400 millones de dólares en las remesas que los salvadoreños envían desde el extranjero y que representan el 22% del PBI.
En El Salvador, que dolarizó su economía hace dos décadas, la mayoría de los 6,5 millones de habitantes rechaza el bitcoin impulsado por Bukele y prefiere seguir con el dólar, según las últimas encuestas.
Siete de cada 10 salvadoreños señalaron estar «en desacuerdo o muy en desacuerdo» con el bitcoin, que circulará a la par del dólar, indicó un reciente sondeo de la Universidad Centroamericana (UCA) que consultó a 1.281 personas a mediados de agosto.
La directora del Instituto de Opinión Pública de la UCA, Laura Andrade, afirmó que la gente se resiste a la adopción de la criptomoneda porque considera que no va a mejorarle su situación económica.
La encuesta de la UCA indicó que un 65,2% de la población no está interesada en descargar la billetera electrónica «Chivo» necesaria para hacer compras y ventas en bitcoins, y además criticó la medida del Gobierno, que otorgará, a modo de estímulo, el equivalente a 30 dólares a cada persona que opte por la criptomoneda.
«Ese bitcoin es una moneda que no existe, es una moneda que no va a favorecer a los pobres sino a los acaudalados, porque uno de pobre, ¿qué puede invertir, si a duras penas tenemos para comer?», dijo José Santos Melara, un veterano de la guerra civil (1980-1992) que el viernes participó en una protesta contra este cambio en la economía de El Salvador.
En contrapartida, Jorge García, un taxista de 34 años que usa el bitcoin desde hace tres años, cree que «tiene futuro» y espera que «suba su valor».
La Asamblea Legislativa, alineada con Bukele, aprobó en junio la ley bitcoin y a fines de agosto avaló un fideicomiso de 150 millones de dólares para garantizar la «convertibilidad automática».
La ley establece que el bitcoin «tendrá un poder libertario ilimitado en cualquier transacción», que el tipo de cambio entre la criptomoneda y el dólar «será establecido libremente por el mercado» y además obliga a «aceptarla como forma de pago» en todos lados.
El Gobierno instala a través del país más de 200 «puntos Chivo», cajeros automáticos de bitcoin, algunos custodiados por el Ejército para prevenir posibles daños de opositores.
Economistas y organismos como el Banco Mundial, el FMI y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) son escépticos sobre la adopción del bitcoin como moneda junto al dólar.
El economista Óscar Cabrera, de la Universidad de El Salvador y ex presidente del Banco Central de Reserva de El Salvador, sostuvo que tendrá un «impacto negativo» en las condiciones de vida de la población dada la «alta volatilidad del precio de la cotización», e «incidirá en precios de los bienes y servicios», opinó.
Por último, la Fundación Salvadoreña para el Desarrollo Económico y Social (Fusades) afirmó que el hecho de ser determinado «exclusivamente por el mercado» torna al bitcoin «altamente volátil».
