En Santa Cruz, al oriente de Bolivia, bandos enfrentados chocaron en avenidas cuando intentaban desbloquear vías que habían sido tomadas por los manifestantes.
En tanto, en un barrio de La Paz, centenares de cocaleros contrarios al gobierno se enfrentaron con la policía para demandar el cierre de un mercado paralelo manejado por un sindicato supuestamente oficialista. Un labriego resultó con severas heridas por la explosión de una carga de dinamita que intentó lanzar a policías.
Santa Cruz, la provincia más próspera y bastión de la oposición política, inició un paro contra la decisión del gobierno del presidente Luis Arce de aplazar por dos años un censo que le otorgaría a esa región más fondos estatales y escaños en el Legislativo.
La ciudad estaba casi paralizada y con escaso transporte por bloqueos callejeros mientras la policía y seguidores del gobierno -encabezados por el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño- retiraban escombros y llantas para restablecer el tráfico. Las clases en las escuelas de esa urbe de 1,7 millones de habitantes fueron suspendidas y la actividad laboral era reducida.
Arce y algunos de sus ministros señalaron que el paro de dos días tiene “móviles políticos” y acusaron al gobernador Luis Fernando Camacho, uno de los líderes de la oposición, de alentar las protestas antigubernamentales.
En su cuenta de Twitter Camacho llamó al lunes a los habitantes de la ciudad a salir “a las calles para demostrar que Santa Cruz lucha por un censo oportuno, justo y transparente”.
Santa Cruz, la provincia más extensa y motor agroindustrial del país, es la región de mayor crecimiento demográfico por la migración interna. Los recursos del Estado y la representación legislativa se distribuyen según la población. El censo debía realizarse en noviembre de este año pero fue aplazado hasta 2024.
El conflicto cocalero de La Paz no tiene que ver con las protestas de Santa Cruz pero está activado también por grupos antigubernamentales y ya lleva varios meses.
El país vive una abierta polarización tras la crisis política de 2019 que se acentuó con los juicios y sentencias a líderes opositores, entre ellos la expresidenta interina Jeanine Áñez (2019-2020) quien fue condenada a 10 años de cárcel. Los opositores acusan al gobierno de manipular la justicia para desatar una persecución política.
