El Gobierno de Puerto Rico impuso hasta el 18 de enero la ley seca y el cierre de comercios nocturnos, entre otras restricciones para disgusto de los empresarios, a partir de la explosión de casos de coronavirus.
La medida, que forma parte de la nueva Orden Ejecutiva 2021-086 firmada por el gobernador Pedro Pierluisi, prohíbe la venta de alcohol y la apertura de los negocios que atienden público desde las 12 de la medianoche hasta las 05 de la mañana.
Dichas prohibiciones, que tratan de contener las cifras récord de contagios en la isla de 3,3 millones de habitantes, debido a la variante ómicron, provocaron el malestar de los administradores de pequeños establecimientos dedicados a la venta de comida y/o bebidas, cuyos horarios se extienden tras la medianoche.
Según los datos del Departamento de Salud, en las últimas 24 horas se contabilizaron más de 8.700 contagios, entre casos confirmados con prueba molecular y probables con antígenos, y cuatro defunciones.
«Culpables» los negocios nocturnos
Iván Villahermosa, administrador de los negocios Casa Cataño y AquíCBB, criticó la nueva orden ejecutiva por señalar a los restaurantes y barras como los presuntos lugares donde más se contagian las personas.
«Todo lo que sea por el bien del pueblo, yo estoy de acuerdo. Lo que pasa es que siempre estamos dividiendo y penalizando a los restaurantes o barras», sostuvo Villahermosa en el paseo marítimo de Cataño, municipio vecino a San Juan.
Villahermosa explicó que Casa Cataño no se afectará por la nueva orden ejecutiva, pero sí AquíCBB, donde el horario de cierre es a las 2 de la mañana.
Por tal motivo, tendrá que reducir sus operaciones dos horas, provocando miles de dólares en pérdidas.
La nueva orden ejecutiva prohíbe también toda actividad multitudinaria de más de 250 personas, ya sea en el interior o en el exterior de cualquier instalación, pero no menciona a los centros comerciales o las grandes superficies, donde se aglomeran hasta miles de compradores al mismo tiempo todos los días.
«Entonces, ¿allá no se pega y aquí sí? Por eso es que muchos de nosotros nos molestamos. Tenemos que ser justos unos con los otros», denunció Villahermosa.
Ante toda la situación, el empresario propuso que cada alcalde de los 78 municipios de Puerto Rico tenga sus propias ordenanzas y restricciones para paliar los contagios del Covid-19 en la isla, donde la tasa de positividad alcanzó el 33,18%.
Por su parte, José Lomba, uno de los tres propietarios del negocio Pinchoneo en Guaynabo, otro municipio aledaño a San Juan, aseguró: «El Gobierno siempre hace cosas para afectar a los pequeños comercios y deja a los grandes libres».
Lomba explicó que Pinchoneo no tiene un horario de clausura, por lo que en ocasiones continúa operando hasta las 4 de la madrugada, pero que ahora con la nueva orden ejecutiva estará obligado a cerrar y a informarles a sus comensales que tienen que irse.
Esta ordenanza no es la única que entró en vigor en la última semana, cuando se impusieron restricciones al aforo en los locales y se exigió para los eventos prueba negativa de Covid-19, además del esquema de vacunación completo.
El gobernador viene aprobando una serie de medidas, entre las que destaca la obligatoriedad de la dosis de refuerzo de la vacuna contra el coronavirus para todo el personal sanitario, los profesores, los policías y los trabajadores de restaurantes y supermercados, entre otros.
